El conflicto en el Sáhara Occidental desde el Derecho internacional

El 15 de noviembre de 1884 se inauguró, con la presencia de los plenipotenciarios de las principales potencias coloniales del mundo, la Conferencia de Berlín, en la que se establecerían las reglas básicas del repartimiento y la colonización europea del continente africano. Oportunamente, unos días antes, el militar y africanista aragonés Emilio Bonelli es despachado por el Gobierno de Cánovas del Castillo con el objetivo de tomar posesión de la bahía del Río del Oro, en lo que hoy conocemos como Sáhara Occidental. El 4 de noviembre, establece una caseta de madera en la Península del Río del Oro, creando así el asentamiento bautizado como Villa Cisneros (hoy Dakhla).

Rápidamente, Bonelli se apresuró a convencer a las tribus locales para que firmaran convenios por los cuales se sometían a protectorado español. Uno de estos convenios, de 28 de noviembre de 1884, por ejemplo, reza:

¡Loor al único Allah!

¡Sólo su Reino es duradero!

Declaran los que inscriben su nombre después de la fecha, que ha llegado al territorio de la kábila de Ullad Sbá, en la costa del mar, D. Emilio Bonelli […] Ha construido en nuestro terreno una casa, donde ondea el pabellón español, y le hemos entregado el territorio llamado Uadibée, o Cabo Blanco, de la costa, para que se halle bajo la protección y gobierno de S. M. el Rey de España D. Alfonso XII únicamente. […]

Por este contrato voluntario y ventajoso para el bien y la amistad sincera entre los musulmanes y los españoles, lo declaramos con satisfacción, como representantes del Sherif Sid Abd El Aziz, Uled El Mami, Xeque de la kábila mencionada.

Un mes después, el 26 de diciembre de 1884, con la Conferencia de Berlín desarrollándose aún, el Rey Alfonso XII emite una Real Orden Circular ordenando a sus embajadores en el extranjero notificar la proclamación de soberanía española sobre la zona:

[…] Su Majestad el Rey (q. D. g.), queriendo dar una prueba de la solicitud con que procura fomentar los intereses de la industria y el comercio de España, ha tenido a bien, a propuesta del Ministro que suscribe y de acuerdo con Su Consejo de Ministros, confirmar las actas de adhesión firmadas ante el Sr. Bonelli y tomar bajo su protección los territorios de la costa Occidental de África.

Aquí empieza, a nivel jurídico, la posesión española sobre el Sáhara Occidental. No sería hasta la segunda mitad del siglo xx cuando las ambiciones expansionistas del nuevo Estado marroquí (y, en menor medida, el mauritano) empezarían a reclamar la zona. En 1963, Naciones Unidas, en su misión descolonizadora, incluiría el Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos (en el sentido del capítulo IX de la Carta de Naciones Unidas), certificando el derecho a la autodeterminación del territorio y llamando al fin incondicional de la colonización, en virtud de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

En 1966, la Asamblea General, en su resolución 2229 (XXI), reclamó al Gobierno español, consultando con los gobiernos marroquí y mauritano, que convocara un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental bajo los auspicios de la ONU. Marruecos, sin embargo, se oponía a un referéndum que incluyera la independencia como una de las opciones, y reclamaba la anexión. Tras años de tira y afloja, en 1973 se forma el Frente Polisario (acrónimo de Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), que empieza a librar una guerra de guerrillas contra la administración española del Sáhara Occidental, con el objetivo de conseguir la independencia. Argelia, debido a su dura enemistad con Marruecos, empezó a apoyar al Polisario en 1974.

El referéndum y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia

La presión internacional y sobre el terreno vencieron la resistencia por parte del Gobierno español, que en 1974 anuncia oficialmente la intención de convocar un referéndum de independencia en el Sáhara español para el año siguiente. Marruecos se opuso firmemente a tal posibilidad, argumentando que el Sáhara era marroquí antes de ser ocupado por España, y que la descolonización del territorio pasaba por la «reincorporación» a Marruecos, y no por la independencia. El Gobierno marroquí, por consiguiente, pidió en octubre de 1974 ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara sobre la cuestión.

El 13 de diciembre de 1974, la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 3292 (XXIX), que, activando el artículo 96 de la Carta, (y con el acuerdo de España, Marruecos y Mauritania) pide una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, para que resuelva si:

  1. El Sáhara Occidental era terra nullius [tierra de nadie] antes de la colonización española, y
  2. Cuáles eran los vínculos legales entre el Sáhara Occidental y Marruecos y Mauritania antes de dicha colonización

Además, la resolución aprueba el envío de una «misión visitadora» (visiting mission) para que investigara cuál era la situación sobre el terreno y las reclamaciones de las partes en conflicto. Dicha misión estaba formada por un diplomático de Costa de Marfil, una de Cuba y uno de Irán, y visitaron el Sáhara Occidental, España, Marruecos, Mauritania y Argelia, y se entrevistaron también con el Polisario en mayo de 1975. La misión presentó sus conclusiones el 15 de octubre de ese año y concluyó que no había ningún tipo de apoyo popular para la anexión del territorio a los países vecinos, siendo abrumadora, en cambio, la reclamación de independencia y el apoyo al Polisario.

El día siguiente el 16 de octubre de 1975, la Corte emitió su anticipada opinión consultiva, en la que afirmaba que el Sáhara Occidental no era terra nullius antes de la ocupación española, y que efectivamente, habían existido «legal ties of allegiance» (lazos legales de lealtad/vasallaje) entre las tribus del Sáhara y el rey de Marruecos y la «entidad mauritana». Sin embargo, la Corte se guardó de remarcar que «the materials and information presented to [the Court] do not establish any tie of territorial sovereignty between the territory of Western Sahara and the Kingdom of Morocco or the Mauritanian entity»

Así, la Corte dejó claro que no había existido soberanía marroquí sobre el Sáhara, lo cual hacía de aplicación obligatoria lo establecido en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; es decir, «the principle of self-determination through the free and genuine expression of the will of the peoples of the Territory».

Este resultado no acabó de satisfacer a nadie, aunque respaldaba algunos de los argumentos de las dos partes. Marruecos lo vio como una reafirmación de los lazos históricos con el Sáhara que fundamentaban su pretensión anexionadora; mientras que el Polisario lo vio como una ratificación del derecho a la autodeterminación del territorio.

Apenas unos pocos días antes de la muerte de Franco, sin embargo, los acontecimientos habían de precipitarse. El 31 de octubre, tropas marroquíes invadieron Seguía El Hamra, y el 6 de noviembre, el Gobierno marroquí organizó la marcha verde, donde centenares de miles de marroquíes desarmados se desplazaron a la colonia española. El Gobierno español, convencido de que Marruecos estaba dispuesto a ir a la guerra por el Sáhara y temiendo una guerra colonial similar a la de Angola o la de Mozambique, que habían acabado con el régimen portugués, se abrió a negociar. El 14 de noviembre de 1975 se aprobó el Acuerdo Tripartito de Madrid, donde España se comprometía a retirarse del Sáhara antes del 28 de febrero siguiente, entre vagas proclamas de descolonización, pero sin mención alguna de referéndum. En el ínterin, se establecía una «administración temporal» con participación marroquí y mauritana, «a la cual serán transmitidas las responsabilidades y poderes» sobre el Sáhara. Esto, en la práctica, suponía la cesión del territorio a Marruecos y Mauritania, si bien se disponía que «la opinión del pueblo saharaui, expresada a través de la Yemáa [asamblea de notables] será respetada».

A continuación, las tropas marroquíes empezaron a ocupar la mayor parte del Sáhara, mientras miles de saharauis huían al este de la región y hacia el interior de Argelia, y el Polisario continuaba con su campaña guerrillera. El ejército argelino se desplegó dentro del territorio del Sáhara para, ostensiblemente, ayudar a la evacuación de los saharauis. El ejército marroquí respondió bombardeando los campos de refugiados saharauis en el este de la región, y el 27 de enero de 1976, con un ataque a las tropas argelinas que desembocó en la primera batalla de Amgala, que estuvo a punto de llevar a la guerra abierta a los dos países.

Después de la retirada española

El 26 de febrero de 1976 el último soldado español abandonaba el Sáhara. Un día después, Marruecos anunciaba que la Yemáa había aprobado la anexión del Sáhara a Marruecos, y el 28 de febrero, el Frente Polisario proclamaba la formación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), junto a la promesa de continuar la guerra de guerrillas, esta vez contra Marruecos, la nueva potencia ocupante.

Sin embargo, debido a la intensa campaña militar marroquí, el Polisario tuvo que retirarse al Tindouf, en Argelia, donde se rearmó y reorganizó con la ayuda de los Gobiernos argelino y libio. Durante los siguientes años, el Polisario lanzó operaciones dentro del territorio de Mauritania (que había ocupado el sur del Sáhara), hasta que su Gobierno de vio forzado a firmar los Acuerdos de Argel de 1979, donde se retiraba del Sáhara y reconocía el derecho a la autodeterminación de los saharauis. Inmediatamente, Marruecos ocupó la zona de donde se retiraron los mauritanos, rompiendo también relaciones con Mauritania. A finales del mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 34/37, en la que condenaba la ocupación marroquí, celebraba la retirada de Mauritania y reafirmaba el «derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia» de los saharauis.

Durante los años 80, los combates con Marruecos llegaron a un impasse en el que el Polisario controlaba la zona desértica al este del Sáhara. Marruecos, entonces, empezó a construir un muro de casi 3000 km con vallas, campos de minas y búnkeres para aislar al Polisario. Mientras tanto, la ONU y la Organización para la Unidad Africana (OUA, hoy Unión Africana) negociaban discretamente con las dos partes para resolver el conflicto. En 1988, finalmente, Marruecos y el Polisario acordaron convocar un referéndum de autodeterminación donde se eligiera entre independencia o integración en Marruecos. En 1991, acordaron el Settlement Plan (Plan de Arreglo), con la participación activa de la ONU y la OUA, que incluía un alto al fuego. Ese mismo año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 690, que creaba la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO, por sus siglas en inglés), una misión de mantenimiento de la paz (los cascos azules, para los amigos), encargada de organizar el referéndum y monitorear el alto al fuego.

Sin embargo, el referéndum no sucedió en 1992, como se había previsto, debido a una falta de acuerdo sobre el censo electoral. El núcleo del conflicto era (y es), que tras la ocupación marroquí, el Gobierno marroquí había fomentado la migración de marroquíes en la zona, de forma que actualmente se calcula que dos tercios de los habitantes del Sáhara son marroquíes. El Polisario defiende que el censo esté compuesto por los habitantes de antes de 1975 y sus descendientes, mientras que Marruecos defiende que todos los habitantes actuales voten.

Dos intentos de acuerdo sucedieron en 1997 (Acuerdos de Houston) y en 2002 (el Plan Baker), en los que se proponía una autonomía dentro de Marruecos y un referéndum al cabo de 5 años, pero ambos fueron rechazados por Marruecos, que ya no acepta la posibilidad teórica de independencia del Sáhara.

En la actualidad, no hay ninguna indicación de que vaya a haber un referéndum. A pesar de todo, la MINURSO, cuyo mandato ha sido renovado ya 47 veces, sigue activa y desplegada en el Sáhara para supervisar el alto al fuego. Dicho alto al fuego fue respetado durante 29 años hasta el pasado noviembre, cuando Marruecos penetró la zona desmilitarizada en Guerguerat, en el sur de la región, provocando refriegas intermitentes que han continuado hasta la fecha.

El estatus jurídico actual del Sáhara Occidental

85 países han reconocido internacionalmente a la RASD, y en 1984 fue admitida como miembro de pleno en la Unión Africana, cosa que provocó la salida de Marruecos, que no volvió a formar parte de ella hasta 2017. En cambio, la Liga Árabe apoya a Marruecos, mientras que la Unión Europea apoya la autodeterminación del Sahara sin reconocer a la RASD.  Finalmente, la ONU reconoce al Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui (resolución 34/37 de la AG), sin reconocer a la RASD, ni siquiera como Estado observador.

La tesis más comúnmente aceptada en el derecho internacional sobre el estatus jurídico actual del Sáhara Occidental es la expresada por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU en 2002 en una carta al Consejo de Seguridad. En ella, se dice que los Acuerdos de Madrid carecen de efectos, pues España transfería una soberanía que no tenía derecho a transferir, pues esta tenía que ser dirimida a través de un referéndum de autodeterminación. Como consecuencia, el Sáhara no es territorio marroquí, pero como el derecho a la autodeterminación del Sáhara aún no se ha ejercido, legalmente España sigue siendo la potencia administradora, aunque de facto la administración del 80 % del territorio sea ejercida por Marruecos.

Imagen: Henry Dick (@Henry_Dick) https://unsplash.com/photos/VpB7F2z2nis

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