En defensa del derecho a la protesta

Introducción

Una de las tareas más importante de los teóricos del derecho es la de averiguar cuáles son los principios, reglas, derechos y deberes que permiten legitimar a las autoridades, las instituciones públicas y las conductas morales de los individuos, es decir, la manera de conducirnos durante el trayecto de nuestra existencia. En el medio de esta tarea, se encuentra la de, luego de un proceso de reflexión, deliberación y razonamiento continuo, acomodar y equilibrar los juicios, argumentos, convicciones y creencias que tenemos sobre un determinado asunto de la comunidad para alcanzar dicha legitimación.

Esta labor ha sido denominada como el método del «equilibrio reflexivo» y su popularidad en el campo de la teoría política y moral se debe, principalmente, a la obra de John Rawls (1993 y 1995). Por su parte, Ronald Dworkin (2007) ha utilizado el método del equilibrio reflexivo en el ámbito del derecho, principalmente en el campo de la interpretación constitucional. En palabras de Hugo Seleme (2016, p. 167), de lo que se trata en el equilibrio reflexivo es «de movernos entre nuestras creencias ajustándolas para que formen un todo coherente que se nos presente como atractivo, en el cual cada una de nuestras creencias se brinda apoyo recíproco».  El equilibrio reflexivo busca ajustar las diversas creencias para conseguir un razonamiento unificado y consistente. En otras palabras: este método tiene por objetivo alcanzar coherencia entre nuestras convicciones de diverso tipo. El método del equilibrio reflexivo puede funcionar como una herramienta útil para interpretar los problemas jurídicos, políticos y morales más importantes de una comunidad. El presente artículo examina cómo, a la luz de este método, es posible justificar el derecho a la protesta social.

El derecho a la protesta

En primer lugar, es necesario comenzar por el concepto. El derecho a la protesta en la mayoría de constituciones contemporáneas reviste un estatuto central y generalmente está ligado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación y, en el ámbito laboral, al derecho de huelga. En realidad, la democracia misma no se concibe sin la posibilidad de que el derecho a la protesta se ejerza libremente. En efecto, sin protesta, desacuerdo, crítica, disconformidad y reclamo no hay democracia o, por lo menos, esta sería un sistema débil e incompleto. Diríase que el derecho a la protesta es la condición de posibilidad de cualquier sistema democrático. Roberto Gargarella (2005 y 2014) ha calificado a este derecho como «el primer derecho», esto es, el derecho que ayuda a mantener vivos a los restantes derechos. La razón de ello estriba en que si tenemos un genuino derecho a la protesta podremos ganar otros derechos, es decir, luchar por aquellos que no tenemos, por los que faltan. Como ha mostrado la historia política y jurídica de las naciones, los derechos se conquistan —y frecuentemente también se pierden—, pues no son entelequias metafísicas caídas del cielo o dádivas entregadas por algún soberano generoso. Se consiguen porque las poblaciones protestan, exigen y reclaman (a veces hasta con violencia). Piénsese en las protestas de la primera mitad del siglo xx en varias sociedades europeas por el derecho al sufragio femenino. En suma, por la privación de derechos políticos, salud, educación o vivienda es que se han logrado asegurar —al menos en el plano constitucional— estos derechos. Así pues, el derecho a la protesta es el derecho que permite no solo modificar, corregir y cambiar las instituciones existentes, sino que también es el que advierte los peligros que pueden correr las democracias frente a los autoritarismos o situaciones de opresión, el cercenamiento de las libertades políticas y el recorte de los derechos sociales.

Es importante distinguir a la protesta social de otros actos públicos de reclamo o crítica política frente al orden jurídico, como por ejemplo la protesta antisistema. En particular, la protesta social tiene por objetivo denunciar el carácter ilegítimo de las instituciones estatales (Seleme, 2013). Vale decir: pretende modificar las instituciones estatales para dotarlas de legitimidad, pero no busca su desaparición, como lo hace la protesta antisistema o anarquista, que piensa que la inexistencia del Estado no tiene fundamento, es inmoral y, en consecuencia, aboga por su destrucción. Así, la protesta social refiere a los actos públicos de los ciudadanos —aunque no se limita a los ciudadanos, pues los inmigrantes y otros colectivos o minorías excluidas de la ciudadanía también son sujetos activos de protesta social— que se concentran en manifestar la ilegitimidad del orden institucional para su modificación y corrección. Pero también, como ya se dijo, lo hace para buscar la satisfacción de otros derechos que no se tienen.

Pero, ¿qué presupuestos o condiciones tienen que darse para que la protesta social esté justificada o legitimada? Siguiendo los análisis de Seleme (2013, pp. 346-347), podemos sintetizarlos en cuatro: 1) que el sistema institucional contra el cual se protesta sea evidentemente ilegítimo. ¿Cómo identificamos esta ilegitimidad? Para esto, debemos observar si reconoce o no libertades, si cercena o no derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes y, en especial, si permite o no la participación política en el proceso de toma de decisiones. Si no trata a las personas como autores del derecho (donde las personas no son escuchadas y no puedan participar en las decisiones más importantes que se toman en una comunidad) muy posiblemente estemos ante un sistema ilegítimo; 2) que el acto de protesta sea socializable, generalizable, expandible, universalizable, pues todos los sujetos tienen que poder llevar adelante la protesta; 3) que el acto de protesta sea idóneo para, justamente, transmitir el mensaje de protesta contra el sistema institucional —por ejemplo, no podría pretenderse destruir al Estado o hacer desaparecer las instituciones democráticas—; y 4) que la protesta sea impulsada y realizada por los sujetos que sufren en carne propia la privación de derechos y la exclusión. Estos sujetos son los que, de manera prioritaria, pueden protestar, es decir, los que cuentan con una legitimidad sólida para ello. Esto no implica que otros no puedan protestar, colaborar y ayudar para que la voz de los excluidos se haga más fuerte e impacte con mayor alcance.

Razones del derecho a la protesta

Ahora es momento de ingresar en el análisis de los argumentos y creencias que giran en torno al derecho a la protesta e ir acomodando las distintas razones que tenemos para comprender que este derecho está justificado y cuenta con una sólida legitimación.

En primer lugar, una creencia muy extendida para limitar o atenuar el derecho a la protesta social es el del «límite de los derechos». ¿En qué consiste esta creencia? En esencia, afirma que como los derechos no son absolutos y tienen límites establecidos por otros derechos, leyes y reglamentaciones, no se puede protestar de cualquier manera —por ejemplo, con violencia— ni en cualquier circunstancia ni a costa de los demás. Es común escuchar «yo entiendo que tienes un derecho afectado, pero tu derecho termina donde empieza el derecho del otro».

Dejando a un lado la difícil tarea interpretativa de dónde poner los límites a los derechos, este argumento no agrega demasiado a la reflexión de fondo sobre la limitación del derecho a la protesta. Vale decir, si en una protesta se arroja una piedra contra un edificio y lo rompe, es indudable que la persona que la arrojó debe ser sancionada por este hecho, y así lo confirman nuestros juicios e intuiciones morales. Sin embargo, ¿este hecho aporta algo para comprender la validez o protección legal o moral que merece el derecho a la protesta? Difícilmente. Como ha sostenido Gargarella (2015, p. 13), el «derecho a la huelga se mantiene, merece ser mantenido, por más que mil personas, ocasionalmente, arrojen mil piedras […] En caso de que alguien lleve adelante un comportamiento violento, ese individuo particular podrá ser merecedor de un reproche, pero dicho reproche no agrega ni quita absolutamente nada a la discusión en juego, sobre el valor o protección que merecen el derecho a la huelga o el derecho a la protesta».  Sin embargo, en ocasiones la existencia de situaciones violentas, si bien no debe llevar a desproteger y no garantizar el derecho a la protesta en términos conceptuales, sí puede justificar que se limiten sus manifestaciones, sobre todo cuando se generan efectos que puedan poner en grave riesgo el Estado o el derecho de otros grupos, como por ejemplo las minorías. Dicho con otras palabras: el uso de la violencia puede imponer ciertos límites al modo en que el derecho a la protesta puede ejercerse en situaciones concretas. En realidad, nuestro enfoque interpretativo se debe concentrar en el «componente expresivo»” (Gargarella, 2007, p. 153; Young, 2000) de las acciones de protesta y en lo que, precisamente, transmiten con mensajes de este tipo: llamar la atención sobre una situación de ilegitimidad del sistema institucional o reclamar sobre un derecho que no está siendo garantizado.

Al mismo tiempo, otra idea esgrimida y utilizada —quizás la más común— para limitar el derecho a la protesta es la apelación al orden público y, en consecuencia, a la violación de ciertas leyes. Así, se aduce que la protesta social altera la paz social, la seguridad, la propiedad privada, los servicios públicos, la libre circulación de las personas o que mediante los actos de protesta se incita a la violencia colectiva. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otros derechos constitucionales en juego. Puede ser que, efectivamente, la protesta produzca dichas situaciones, pero ¿qué pasa cuando otros derechos están siendo violados o menoscabados —ya sea por acción o por omisión del Estado o de privados, como las grandes corporaciones—, como por ejemplo el derecho a la participación política o los derechos sociales? Además, conviene no olvidar que el derecho a la protesta mismo también pone en juego el ejercicio de importantes derechos constitucionales: el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho a la libre asociación o el derecho a peticionar ante las autoridades públicas son algunos de ellos.

En los casos de potencial conflicto entre el derecho a la protesta y otros derechos como el de la propiedad privada o el derecho a la seguridad, la tarea que hay que hacer, y que el método del equilibrio reflexivo invita a ello, es «seguir razonando. Necesitamos, sin duda, hacer el máximo esfuerzo por acomodar todos los derechos en tensión entre sí, pero debemos aceptar a la vez que, de forma habitual, el conflicto de derechos se resuelve recortando algunos de los derechos en juego […] la elección en torno a cuál derecho preservar intacto del modo más firme depende de razones públicas sustantivas (el vigor del debate democrático)» (Gargarella, 2014). Así, el choque o litigio de derechos, fenómeno extendido en la vida cotidiana de los ordenamientos constitucionales, debe resolverse en los casos concretos teniendo en cuenta las razones jurídicas y morales sustantivas que están en juego. Generalmente, nadie desea ni busca que existan choques de derechos, es decir, crear situaciones en donde se deba elegir la prioridad entre un derecho y otro, pero estas situaciones son inevitables.

No obstante, en el caso del derecho a la protesta, tenemos razones para creer que merece la máxima protección y amparo posible por parte de las autoridades estatales —funcionarios públicos, jueces, fiscales—, pues especialmente en el caso de los grupos desventajados, que se encuentran excluidos del sistema jurídico, político y económico, es necesario garantizar su derecho a la protesta porque la mayoría de las veces no tienen otra herramienta para hacer oír sus legítimos reclamos. De hecho, en la mayoría de los casos, la protesta social representa el último y desesperado recurso para —ya sea en más o en menos— influir en el diseño de las políticas públicas. La protesta es, por así decirlo, «una caja de resonancia de las demandas de quienes no cuentan con otros medios para hacerse oír» (Jaramillo, 2008). Y su justificación proviene en buena parte de este hecho, es decir, la protesta está justificada cuando se han agotado cauces alternativos, o cuando estos no están disponibles para las personas.  

El caso de los grupos desventajados o vulnerables requiere de un análisis particular y mayor esfuerzo hermenéutico cuando examinamos el derecho a la protesta. En primer lugar, no todos los ciudadanos se encuentran en la misma posición social y no todos cuentan con el mismo poder social o herramientas para reclamar sobre algún asunto o exigir algún derecho. Una democracia digna de tal nombre debe garantizar que los diferentes grupos, y en especial los más vulnerables, tengan las oportunidades públicas apropiadas para expresar y presentar sus demandas políticas, económicas y jurídicas. La ausencia de estas oportunidades debilita el estatuto de la democracia, puesto que esta asienta su legitimidad en el hecho de que todos los sujetos pueden participar del proceso de toma de decisiones: que se trate a cada uno como autores.[1] La democracia, como ha señalado Jacques Ranciere (2007, p. 71), es el sistema que se base en «el poder propio de los que no tienen más título para gobernar que para ser gobernados». Dicho de otra manera: la superioridad de la democracia está dada por el hecho de que trata a todos como autores de las leyes y decisiones jurídico-políticas.  

Además, en el caso de los grupos vulnerables debemos agregar una exigencia mayor para ofrecer una protección robusta del derecho a la protesta, exigencia que Gargarella (2007) ha denominado como el «principio de las violaciones sistemáticas». Cuando las privaciones o injusticias que sufren son extremas, graves y continuas en el tiempo (como por ejemplo sucede con las comunidades indígenas en ciertas regiones de Latinoamérica o grupos de inmigrantes en buena parte de Europa), las autoridades estatales «deberían estar abiertas a justificar o permitir acciones que en otras circunstancias podrían correctamente reprochar» (Gargarella, 2007, p. 163). La razón de esto reside en que las autoridades estatales deben dar respuesta inmediata para resolver o, por lo menos, atenuar las privaciones extremas. En simultáneo, en muchas ocasiones la situación de los grupos desventajados sugiere que no actúan como autores del sistema político y de las leyes. En estos casos estaría justificado admitir las protestas con violencia, las cuales cuando son ejercidas por otros grupos en otros contextos calificaríamos como inadmisibles o, al menos, reprochables. Ahora bien, la utilización de medios violentos se justifica cuando su uso sea estrictamente imprescindible, pues si existen medios pacíficos y no violentos eficaces para protestar debe acudirse a estos y no a los violentos.

En conclusión, luego de un análisis de las razones de diverso tipo que tenemos sobre el derecho a la protesta estamos en condiciones de creer en su justificación y comprender por qué reviste una importancia decisiva para cualquier sistema que se predique democrático. Una democracia robusta debe garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, en especial a aquellos sujetos que están excluidos del proceso de toma de decisiones y no son tratados como autores del sistema institucional, y que además por lo general no tienen otros medios para reclamos por sus derechos. Como ha sugerido Gargarella (2014), porque pocas cosas importan más que la democracia, es que hay que exigir el máximo respeto y protección frente a los grupos que disienten y protestan. 


Referencias bibliográficas

-Dworkin, R. (2007). La justicia con toga. Madrid: Marcial Pons.

-Gargarella, R. (2005). El derecho a la protesta. El primer derecho. Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc.

-Gargarella, R. (2015). «El derecho frente a la protesta social.» Londres 38, Espacio de memorias, 13, 1-15.

-Gargarella, R. (21 de mayo del 2014). «El derecho a protestar.» El País. https://elpais.com/elpais/2014/05/16/opinion/1400247748_666298.html.

-Jaramillo, L. G. (2008). «La relación entre el derecho a la protesta y las teorías deliberativas de la democracia, en la obra de R. Gargarella.» Co-herencia, 5(8).

-Ranciere, J. (2007). El odio a la democracia. Buenos Aires: Amorrortu.

-Rawls, J. (1993). El liberalismo político. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

-Rawls, J. (1995). Teoría de la justicia. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

-Seleme, H. (2016). «El método del equilibrio reflexivo y su uso en el derecho.» En G. Lariguet (Comp.), Metodología de la Investigación Jurídica. Propuestas contemporáneas. (pp. 167-174). Córdoba: Editorial Brujas.

-Seleme, H. (2013). «La protesta social como discurso político.» En A. Rossetti y M. Álvarez  (Coord.), Derecho de huelga y a la protesta. Un análisis desde el método de casos (pp. 323-349). Córdoba: Editorial Advocatus.

-Young, I. M. (2000). Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press.


[1] Y, por supuesto, el Estado es responsable de ello, ya sea por acción u omisión. 

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