Greta Thunberg, la anticapitalista por antonomasia

Dominik Vanyi @dominik_photography

Greta Thunberg. Su nombre lleva apareciendo en los medios de comunicación más conocidos durante al menos el pasado año y medio, aumentando su presencia en los mismos durante los seis meses pasados. Thunberg es una autoproclamada «activista por el clima» de dieciséis años que lanzó el movimiento FridaysForFuture, una movilización de la sociedad civil para reducir los efectos de la acción humana en el cambio climático, como, por ejemplo, nuestra huella de CO2 anual.

¿Qué podría haber de malo en ello? Nada; el problema está, más que en sus objetivos, en los medios propuestos para alcanzarlos. Sólo tiene usted que escuchar algunos discursos de Thunberg, leer un par de sus artículos y… ¡voilà! descubrirá su profunda ideología anticapitalista y cómo la culpa de todo reside, de acuerdo con su opinión, en el capitalismo, por lo que propone fuertes políticas intervencionistas para tratar de «salvar el mundo».

Algunas personas, algunas empresas, saben exactamente qué valores intransferibles han sacrificado para continuar produciendo cantidades inimaginables de dinero. Y creo que muchos de ustedes pertenecen a ese grupo”.

No entraré a juzgar si sus políticas son o no eficaces para la protección del medioambiente a largo plazo, pero le puedo confirmar que Thunberg tiene una profunda ignorancia sobre los más elementales conceptos de economía básica, principalmente sobre los incentivos de mercado. En lo que sigue demostraré, en primer lugar, por qué algunas de sus ideas son completamente incorrectas desde los planos teórico y práctico, para, más tarde, proponer algunas soluciones de libre mercado para la protección del medioambiente.

El movimiento FridaysForFuture ha proclamado en muchas ocasiones que su objetivo principal es tener al menos una cuota de producción energética de 0 emisiones del 75% del mix energético total, mientras que en muchos países europeos esta contribución al mix energético es menor del 35% en casi todos los países e inferior al 30% en más del 50% de todos los países de la UE. Thunberg normalmente se encuentra con la realidad de que una transición enérgica tan rápida haría subir los precios de la energía como un cohete, debido a la carencia actual de medios de generación e infraestructura. Este aumento de precios tendrá obviamente un efecto regresivo en la sociedad, ya que aquellos situados en los quintiles más bajos de la escala de distribución de ingresos son a su vez los que más porcentaje de los mismos dedican al consumo energético.

El movimiento FridaysForFuture ha ignorado parcialmente este argumento, ya que acaban de proporcionar una supuesta solución a este problema que, según ellos, también ayudará a reducir las emisiones a corto plazo. Piden un impuesto de 180 euros por tonelada de CO2 emitido. Para que los lectores entiendan el impacto de este impuesto, emplearé los cálculos de Luis Gómez, un bioquímico español residente en Alemania, autor del blog Desdeelexilio:

«Los niños salen los viernes a la calle y reclaman un impuesto al CO2 de -por ejemplo, en Alemania- 180 €/T al año… ¡desde ya mismo! Y proponen un nivel CERO de emisiones de CO2 para el 2035. En España, donde emitimos unos 325 millones de Toneladas de CO2 al año, la factura de un impuesto como el propuesto supondría unos 58.500 millones de euros al año.

Para que se hagan una idea de lo significativo de la cantidad: en 2018 nos gastamos en educación 51.275 millones de euros. Hablamos de 58.500 millones de euros que, repentinamente, abandonarían las arcas privadas para engrosar las del Estado, supongo que para subsidiar organismos de control, observatorios diversos, parados y empresas de dudoso éxito comercial, pero con un «encomiable» proyecto sostenible.»

Pero, ¿por qué los impuestos masivos y coercitivos no son una solución? ¿Por qué en este caso resultaría mucho más eficiente una fiscalidad pigouviana? En primer lugar, hablemos de los impuestos al carbón. Para resultar eficiente y justo (no fiscalmente coercitivo) debería registrar unos ingresos neutros o, al menos, los ingresos obtenidos a través de ese impuesto deberían ir a ayudar a los más directamente afectados por la contaminación. ¿Por qué? Muy simple: externalidades negativas. Pero, ¿qué son las externalidades? Una «externalidad» es el nombre técnico dado a aquellos efectos indirectos, positivos o negativos, causados por una actividad desarrollada por un tercero, en la cual no se encuentra implicado el agente afectado por dichos efectos. Por ejemplo, si alguien abre una tienda de bicicletas en el centro de la ciudad, esto podría ayudar a reducir el nivel de contaminación en la zona –externalidad positiva para los residentes de la zona-, o si alguien fuma cerca de usted, usted pasará a ser un fumador pasivo aunque no haya decidido fumar –externalidad negativa para el no fumador. Lo que ocurre con la contaminación es bastante similar al segundo ejemplo. Una fábrica puede imponer costes (no sólo monetarios) sobre terceros no relacionados con su actividad comercial. Ahora bien, a fin de que esa fábrica interiorice ese coste, el Estado intervendrá e introducirá un impuesto al carbón o un impuesto pigouviano, (que recibe dicho nombre por el conocido economista británico Arthur C. Pigou). Este impuesto no sólo servirá para internalizar costes –para que el responsable de esos daños cargue realmente con ellos-, sino también para desincentivar dicha actividad contaminante mediante la exposición de sus costes reales.

La clave para lograr un alto nivel de eficiencia a través de este impuesto es que su objetivo no sea maximizar ingresos –esto es, que no tenga una finalidad recaudatoria-, sino minimizar los costes impuestos sobre terceros de forma no consentida. Vamos a poner un ejemplo sobre cuándo un impuesto medioambiental se ha implementado de mala manera y un segundo caso en el que se introdujo perfectamente. En primer lugar, recordaremos todos el famoso impuesto al diésel del presidente Sánchez, igualándolo al precio de la gasolina. Esto sería una demostración de una nefasta implementación de dicho impuesto, ya que afectó principalmente a aquellos que eran más dependientes del gasoil, principalmente pequeños negocios con furgonetas o conductores de vehículos grandes con familia numerosa, siendo por lo tanto un impuesto regresivo, afectando más a aquellos que viven una situación económica poco favorable.

Un caso de impuestos pigouvianos bien empleados fue el de Canadá. Justin Trudeau siguió las recomendaciones de algunos economistas como Gregory Mankiw y decidió imponer un recargo de 20 dólares por tonelada de CO2, que alcanzará 50 dólares por tonelada a principios de 2022. Pero esta no es la parte buena. La parte buena es que el 90% de los ingresos regresarán a los bolsillos de los ciudadanos canadienses en forma de cheques, de modo que el Gobierno no decidirá en qué gastarlo y será responsabilidad directa de los ciudadanos. Según cálculos efectuados por la Administración canadiense, cada familia que vive en Canadá recibirá una media de 700$ al año procedentes del nuevo impuesto al carbón, que compensará totalmente las externalidades negativas impuestas por la contaminación.

En este sentido, el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós ha escrito varias veces sobre la dependence path de las inversiones en el sector enérgico. Esto significa que las decisiones de inversión tomadas hoy en relación a este sector mostrarán sus resultados efectivos en el muy largo plazo, que es por lo que los costes dinámicos del proceso de descarbonización tienen una mayor importancia que los costes estáticos. Por eso es esencial reducir costes de infraestructura junto con procedimientos burocráticos y barreras de entrada a las energías verdes. Dichas políticas de flexibilización facilitarían la Inversión Financiera Directa procedente de países con una enorme especialización en nuestro sector de interés, como China, Israel o EEUU.

En definitiva, si somos propietarios de algo, deberíamos ser responsables de todos los costes que ello produce, por tanto, los impuestos al carbón estarían justificados siempre y cuando su objetivo sea interiorizar costes, pero no cuando son puramente confiscatorios, que es justo lo que pretende Thunberg y su movimiento.

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