Historia mínima de la Guerra Civil española: Charla con Enrique Moradiellos

Hoy charlamos con el historiador Enrique Moradiellos, catedrático en la Universidad de Extremadura, para comentar su libro «Historia mínima de la Guerra Civil española» (ed. Turner, 2016).


-En un primer momento, los sublevados buscaron conquistar Madrid y obtener una victoria rápida en la contienda. Sin embargo, el conflicto se desarrolló de otro modo; en concreto ud. habla de una guerra lenta, de desgaste, de «choque de carneros», influenciada por las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial. ¿Podría detallar este punto?

Debo confesar que todo lo que sé de esta faceta militar de la guerra civil es producto de lecturas de obras ajenas, no fruto de investigación archivística personal. Por eso mis juicios y argumentos en este plano son deudores de las obras clásicas de militares como los generales Vicente Rojo y Ramón Salas Larrazábal o los coroneles Martínez Bande y Puell de la Villa, así como de historiadores expertos en asuntos militares como Michael Alpert, Gabriel Cardona, Carlos Engel o Jorge Martínez Reverte, básicamente. Por sus trabajos sabemos que, ante el fracaso inicial del plan para repetir mutatis mutandis el golpe pretoriano de septiembre de 1923, la estrategia de los militares insurgentes se concentró en dos planos en los que iban a cosechar sendos éxitos cruciales. Por un lado, faltos de medios de combate propios, lograron suficientes apoyos internacionales para continuar sus operaciones con suministros extranjeros constantes y eficaces (italianos, alemanes y, en menor medida, portugueses). Por otro, lanzaron una campaña del bregado Ejército de África para ocupar el territorio enemigo, limpiarlo expeditiva y cruentamente de toda oposición latente o patente y, sobre todo, sitiar la capital estatal, cuya conquista habría de proporcionar el reconocimiento internacional. En ambos planos, el general Francisco Franco se revelará como el hombre clave de la sublevación y a él corresponderá diseñar una estrategia militar que atendiese a consolidar el apoyo inalterable italo-germano y a promover la marcha sobre Madrid. En palabras de Franco ya en agosto de 1936: “El poder hay que conquistarlo en Madrid”. Y ése será el eje estratégico (casi obsesivo) de su conducta hasta bien avanzado el mes de marzo de 1937.

Esa directriz estratégica fue responsable de las primeras etapas bélicas que pueden apreciarse en el conflicto: 1º) La fase inicial de supuesta “guerra breve” (de agosto a noviembre de 1936), definida por la desequilibrada lucha entre unas columnas africanas capaces de arrollar cualquier resistencia de débiles milicias improvisadas, que permitió a las tropas de Franco avanzar sin un solo revés durante cuatro meses y a lo largo de 600 kilómetros hasta plantarse enfrente de la capital dispuestas al asalto. 2º) La fase de una guerra que se alarga (entre noviembre de 1936 y marzo de 1937), vertebrada por la lucha en torno a Madrid, en la que Franco desplegó una cuádruple tentativa de asaltos directo o indirectos agotadores y, a la postre, estériles por cuanto la capital fue asediada pero no tomada: el ataque frontal por el oeste (Casa de Campo y Ciudad Universitaria) y los ataques envolventes por el norte (Carretera de La Coruña), sur (Jarama) y noreste (Guadalajara). Si la primera fase de guerra rápida había sido una sucesión de victorias franquistas frente al estado de práctica indefensión republicana, la segunda fase de guerra prolongada terminará con el fracaso de todas sus ofensivas y una crucial victoria defensiva del enemigo parapetado en la capital.

La conciencia de ese fracaso motivó el cambio de estrategia decidido por Franco a raíz del fiasco de Guadalajara, que no fue, ni mucho menos, gratuito o erróneo. Y tampoco parece que fuera resultado de una decisión de alargar la guerra innecesariamente por oscuros motivos políticos personales (consolidar su posición dictatorial: ya lo estaba y muy firmemente y sólo derrotas flagrantes podrían socavar su posición) o por razones represivas (dar tiempo a la represión del enemigo capturado y a la matanza de soldados republicanos: se estaba haciendo y precisamente la represión inclemente fue obra esencial de los primeros nueve meses de guerra). Me parece mucho más razonable la explicación de que Franco renunció interinamente a continuar sus repetidos asaltos a Madrid porque estaba escarmentado después de cuatro fracasos consecutivos y porque llegó a la convicción (bastante acertada) de que el ejército dirigido por los generales Miaja y Rojo habían demostrado una capacidad de resistencia en entornos urbanos no sólo inesperada sino también casi inexpugnable. En esas condiciones, volverse hacia el norte no sólo era sensato sino necesario, a juicio de Franco y de la mayoría de sus mejores y más capaces asesores militares (sobre todo el coronel Juan Vigón, que fue su Jefe de Estado Mayor desde 1937). Entre otras cosas porque, para entonces, ya no era seguro que la toma de Madrid fuera a suponer el final de la resistencia republicana, puesto que se estaba constituyendo un poderoso ejército capaz de replegarse de la ciudad y seguir combatiendo en La Mancha, Levante y Cataluña. Y los inmediatos ataques republicanos por el sur madrileño (Brunete) o por el este aragonés (Belchite) así lo demostrarían muy pronto (y algo después la ofensiva en Teruel).

En todo caso, al decidirse a eliminar la bolsa republicana aislada en el norte, Franco dio un giro crucial a su estrategia bélica: optó por librar una lenta guerra de desgaste y agotamiento mediante masivas ofensivas frontales en frentes secundarios y vulnerables de la zona enemiga. Una decisión que implicaba adoptar la estrategia del “choque de carneros” (en palabras del general Alfredo Kindelán) tan habitual en la Gran Guerra y que los militares de aquella generación habían visto y estudiado en las épicas batallas de Verdún, Somme o Passchendaele. Se trataba de embestir de frente contra el enemigo inferiormente dotado, con el objetivo de derrotarlo gradualmente, pieza a pieza, desangrándolo en cada acometida mediante el quebrantamiento de su capacidad de resistencia gracias a una neta superioridad material y ofensiva.

Sabemos que fue un cambio que sus valedores italianos y alemanes no siempre apreciaron por los graves costes y riesgos implícitos para ellos, sobre todo en términos de alargamiento temporal de las operaciones y aumento del compromiso de apoyo en forma de suministros materiales entregados a crédito mayormente. Por eso suscitó en Roma y Berlín dudas sobre la competencia militar de Franco, que fueron objeto de discusión reservada y a veces tensa. Pero fue un giro que sí tuvo el asentimiento de la mayor parte de los asesores militares de Franco, empezando por su apreciado y leal jefe de operaciones de Estado Mayor, el coronel Antonio Barroso, que diseñó un completo plan de campaña en función de dicha estrategia. A tenor del mismo, abandonado provisionalmente el objetivo de tomar Madrid, las operaciones debían dirigirse a liquidar primero el frente norte (para eliminar un frente secundario vulnerable y hacerse con sus notables recursos industriales y de materias primas); una vez logrado, habría que reemprender las operaciones sobre la punta de Teruel y el Maestrazgo para cercar Madrid, cortando su salida al mar por Valencia, como precondición para volverse de nuevo contra la capital aislada de todo contacto exterior. Entre marzo de 1937 y julio de 1938 la estrategia y táctica de las tropas de Franco se atendría a esas directrices sin apenas variación y con notabilísimos éxitos bélicos en su haber.

-Una cuestión que hemos tratado en otras ocasiones en Epoje charlando con los profesores Alegre y Preston es la voluntad/necesidad de Franco de «alargar la guerra deliberadamente con fines políticos». ¿Cómo debemos interpretar las palabras de Franco al teniente coronel Faldella y al embajador de Mussolini? ¿Está excusando su incapacidad para vencer en una ‘guerra celere’? ¿Genuinamente deseaba ir “pueblo por pueblo”? Ud. aborda esta cuestión y, si hemos entendido bien, acaba por defender una posición intermedia.

Esta cuestión, que yo sepa, surgió historiográficamente en los años setenta del siglo XX, no antes y no durante la propia guerra y en los debates posteriores de la postguerra. Desde luego, no forma parte de las acusaciones levantadas  contra Franco por sus máximos antagonistas militares, sean los generales Rojo o Miaja, sean Azaña, Prieto, Negrín u otros líderes políticos de la República. El asunto, dicho escuetamente, consiste en determinar si Franco tuvo la voluntad de retardar su conquista de la capital española y evitar así una victoria rápida en la guerra para asegurarse sus posiciones políticas como incipiente caudillo militar elegido por sus iguales. En mi opinión, la respuesta es bastante clara, a la luz de los hechos y las pruebas: no cabe afirmar de manera irrefutable que Franco pretendiera alargar la guerra innecesariamente, ni que sus reiterados fracasos en torno a Madrid resultaran de un cálculo político maquiavélico para lograr ese alargamiento, ni que sus posibles triunfos rápidos en ese frente madrileño hubieran socavado su posición de autoridad política omnímoda y decisoria. Todo lo contrario, más bien.

Tomemos el primero de los argumentos aducidos para demostrar esa falta de ganas de triunfar de manera rápida: la decisión de Franco (compartida por casi todos sus compañeros y asesores militares, salvo los generales Mola y Kindelán) a fines de septiembre de 1936 de desviar sus tropas en Maqueda en dirección a Toledo, para liberar del asedio a los defensores de El Alcázar, en vez de proseguir la marcha veloz hacia Madrid. Todas las pruebas parecen demostrar que ese desvío estuvo basado en un cálculo político-estratégico que pronto se revelaría un error de estimación notable: las ventajas propagandísticas de la liberación del Alcázar supuestamente compensarían el tiempo perdido en llegar a Madrid porque los menospreciados milicianos no sabrían aprovecharlo para reforzar sus defensas. Para infortunio de Franco y sus tropas, sucedió lo contrario porque el inevitable retraso de casi un mes permitiría al nuevo gobierno republicano presidido por Largo Caballero poner en práctica cuatro decisiones cruciales: militarizar esas minusvaloradas milicias para reforzar su capacidad defensiva en terreno urbano y ya no en campo abierto; encargar la defensa madrileña a un eficaz equipo profesional formado por el general Miaja y su Jefe de Estado Mayor, el entonces coronel Rojo; empezar a distribuir el nuevo material bélico soviético arribado a Cartagena desde principios de octubre; y disponer de las primeras unidades combatientes de las Brigadas Internacionales para desplegarlas por la capital con fines defensivos y de estímulo moral.

En definitiva, el desvío a Toledo, más que una hábil operación político-estratégica por parte de Franco, parece ser lo que Gabriel Cardona llamó “el primero de los muchos disparates estratégicos que Franco cometería durante la guerra”: un error resultado de un exceso de “triunfalismo” en torno a la invulnerabilidad de sus tropas, de un exceso de “confianza” en la inutilidad de las milicias enemigas y de un exceso de “imprevisión” sobre los riesgos que implicaba ese retraso para la fortificación de la capital y de sus defensores.

Veamos el segundo de los grandes argumentos en este mismo sentido: la idea de que Franco aceptó y promovió en noviembre de 1936 un asalto frontal por el oeste de la ciudad, que era la zona más difícil para atacar con éxito por el corte que suponía el río Manzanares en la Casa de Campo y por la necesidad de subir la cuesta hacia la Ciudad Universitaria por la zona más escabrosa y expuesta. Frente a esa decisión, tenía otras opciones apuntadas por el coronel Yagüe o por Kindelán: llevar sus tropas más al norte en torno a Guadarrama (para atacar desde posiciones más altas a un enemigo mal defendido que estaría en posiciones inferiores y prácticamente a sus pies), o desplazarlas más al sureste por el Jarama (donde podría intentar tomar la carretera a Valencia y cortar ese cordón umbilical estratégico para asediar la capital). Sabemos que Franco y sus asesores evaluaron esas opciones (incluso también la de atacar por la carretera de Barcelona) y decidieron descartarlas por motivos nada baladíes. Primero, porque no quiere perder más tiempo antes de empezar el ataque ahora que los republicanos empezaban a dar señales de reacción: tanto el traslado de tropas desde la carretera de Extremadura al norte de la sierra o al sureste en el Jarama llevaría semanas que podrían ser preciosas (todavía más tiempo supondría la opción de la carretera de Barcelona). Además, teme el impacto de un factor climatológico entonces imposible de prever con certeza: a principios de noviembre las cumbres de la sierra madrileña suelen cubrirse de nieve y paralizar los movimientos eficaces de tropas. Frente a ese riesgo, en la zona de la Casa de Campo la calma está más garantizada.

Lo importante de todo esto es que Franco decide su estrategia de asalto frontal consciente de las dificultades de las otras opciones y de los riesgos su decisión (el propio Barroso le advierte: “no tenemos fuerzas, es una empresa desesperada”). Y sobre sus posibilidades de éxito basta recordar que eran tantas y tan evidentes que el propio gobierno de Largo Caballero da por indefendible la capital y se traslada casi a hurtadillas a Valencia en ese mismo momento y en previsión de lo peor.

La tercera de las supuestas demostraciones de la voluntad de Franco de retrasar su victoria tiene que ver con las debilidades y fracaso final de sus tres ofensivas envolventes sobre la capital: la que tuvo como eje la carretera de La Coruña (diciembre de 1936- enero de 1937), la desplegada en las riberas del río Jarama (febrero de 1937) y la que se desarrolló en la carretera de Guadalajara (marzo de 1937). Pero esta crítica choca con la evidencia de que no cejará de intentar el asalto a la capital durante esos cuatro meses consecutivos y con todas sus fuerzas disponibles y hasta el agotamiento extremo. Otra cosa muy distinta es que no demostrara la capacidad táctica o estratégica necesaria para conseguir su objetivo porque el gran obstáculo que encontró fue tan imprevisto como eficaz: el nuevo Ejército Popular de la República, formado a trancas y barrancas sobre el sustrato miliciano, abastecido por la Unión Soviética y reforzado por los primeros contingentes de las Brigadas Internacionales. Frente a ese enemigo cada vez más operativo y voluntarioso, muy hábilmente dirigido por Miaja y Rojo, las ofensivas envolventes se estrellaron ante una estrategia defensiva tan fructífera como inesperada. Por eso, el juicio de Martínez Reverte sobre esta cuestión me parece irrefutable:

Si (Franco) no volcó más esfuerzos en Guadalajara fue porque sus fuerzas situadas en el Jarama estaban absolutamente exhaustas. Quizá también porque creyó que sus enemigos tenían menos capacidad de la real. Quizá también porque se equivocó. Pero ha intentado ganar siempre.

En definitiva, a mi leal pero falible saber y entender, a Franco como militar se le puede reprochar su lentitud en la toma de decisiones, su falta de genio militar refinado, sus errores de cálculo ocasionales y a veces notables, su falta de piedad hacia el sufrimiento de sus hombres, pero no su decisión de ganar la guerra con ofensivas que causaran al enemigo unos estragos imposibles de remontar a largo plazo dadas sus dificultades de suministros y su aislamiento exterior. Y no olvidemos que así fue ganando todas las batallas de la guerra una vez superada la única derrota que supuso la incapacidad para tomar Madrid al asalto o por asedio. Sus declaraciones a los emisarios militares y diplomáticos de Mussolini (como a los de Hitler) van en esa misma dirección: la guerra se ganaría con ofensivas masivas de tropas superiores lanzadas contra un enemigo inferiormente dotado en zonas específicas, no con operaciones de “guerra celere” acaso imposibles logísticamente dada la realidad de las comunicaciones en España y peligrosas tácticamente por las distancias entre vanguardias motorizadas e infantería obligada a moverse con sus limitados medios. Si además esa estrategia daba tiempo a destruir enemigos en batalla y a depurar enemigos en retaguardia, tanto mejor, por supuesto. Pero sin que nada de esto supusiera alargar ni un minuto la siempre ansiada victoria rotunda, que iba a ser, de hecho, el firme pilar de asiento del régimen de autoridad soberana sin caducidad de Franco.

Esas características de la estrategia bélica de Franco fueron muy apreciables en la mayor y acaso más decisiva batalla de la guerra: la del Ebro. Allí Franco decidió aceptar el reto de Rojo (contra el parecer de Miaja, recordemos) y plantear una batalla frontal de desgaste en esa pequeña bolsa tomada por los republicanos en julio de 1938, consciente de que sus enemigos carecían de las reservas de hombres y de material suficientes para alimentar el combate de modo ilimitado y al ritmo impuesto. Como razonaría Franco frente a las críticas surgidas en el entorno de sus asesores (otra vez Kindelán), que le recomendaban confinar esa bolsa y proseguir con la operación sobre Valencia: “No me comprenden, tengo encerrado a lo mejor del ejército enemigo”. Rojo sí le comprendió y temió de inmediato las consecuencias: “El enemigo está empeñado en romperse los cuernos o en tirarnos de cabeza al río”. En efecto, su combinación de estrategia de desgaste y tácticas de asalto masivo cuerpo a cuerpo consiguió ganar la más áspera y sangrienta de las batallas. Y fue en el Ebro donde parece que se dirimió la victoria y la derrota final en la guerra civil. La sistemática destrucción del Ejército del Ebro con todas sus reservas por las frontales contraofensivas franquistas, completada a finales de noviembre de 1938, abrió así la vía a la victoriosa ofensiva sobre Cataluña y, a la postre, al desplome de la resistencia política y militar republicana en los primeros meses de 1939.

Detalla tres factores que considera claves a la hora de vencer en la “guerra total”. ¿Cuáles fueron? ¿Por qué los sublevados pudieron alcanzarlos en mayor medida?

Sobre este aspecto, hay que recordar que los dos bandos contendientes en la guerra civil se vieron en la misma situación que los beligerantes de la Primera Guerra Mundial: tenían que afrontar tres grandes problemas inducidos por la realidad de una “guerra total” en el plano estratégico-militar, en el ámbito económico-institucional y en el orden político-ideológico. Y, como había pasado entre 1914-1918, el éxito o fracaso de sus respectivos esfuerzos bélicos dependió de la acertada resolución de estas tres tareas básicas:

1º) Construir un Ejército combatiente regular, con mando centralizado y jerarquizado, obediencia y disciplina en sus filas y una logística de suministros bélicos constantes y suficientes, a fin de sostener con vigor el frente de combate y conseguir ulteriormente la victoria sobre el enemigo o, al menos, evitar la derrota;

2º) Reconfigurar el aparato administrativo del Estado en un sentido fuertemente centralizado para explotar y hacer uso eficaz y planificado de todos los recursos económicos internos o externos del país, tanto humanos como materiales, en beneficio exclusivo del esfuerzo de guerra y de las necesidades del frente de combate; y

3º) Articular unos Fines de Guerra compartidos por la gran mayoría de las fuerzas socio-políticas representativas de la población civil de retaguardia susceptibles de inspirarla moralmente y de justificar los grandes sacrificios de sangre y las hondas privaciones materiales demandados por una cruenta y larga lucha fratricida.

El resultado de la guerra no deja dudas sobre quién resolvió mejor esos desafíos en términos relativos, absolutos y comparativos. El bando franquista fue superior al bando republicano en la imperiosa necesidad de configurar un Ejército combatiente bien abastecido, construir un Estado eficaz para regir la economía de guerra y sostener una Retaguardia civil moralmente comprometida con la causa bélica. No en vano, la superioridad de las fuerzas militares franquistas sobre las republicanas fue reconocida por todos los participantes en la contienda y está atestiguada por la documentación primaria; la superior unidad política en la zona franquista, favorecida sin duda por la militarización de su vida social, contrastó reiteradamente con las divisiones político-sociales que fragmentaron la zona republicana con ocasionales brotes de guerra civil interna; y la mayor eficiencia de la economía de guerra franquista sobre la economía de guerra republicana queda patente en todos los indicadores disponibles y basta citar uno crucial: los índices de producción industrial en la primera eran iguales a los de preguerra ya en 1938 en tanto que esos mismos índices en la segunda seguían desplomados en casi un tercio para ese año. Ahora bien. Todo indica que el contexto internacional en el que se libró la contienda española tuvo mucho que ver con ese contraste porque impuso unas condiciones favorables y unos obstáculos insuperables a cada uno de los contendientes a la hora de afrontar esos desafíos.

Dicho muy escuetamente: los condicionamientos del marco internacional plantearon ventajas notorias e impusieron servidumbres sustanciales que cada uno de los bandos utilizó, sorteó o sobrellevó a fin de engrosar su capacidad de acción militar, fortalecer la moral de combate de su población civil de retaguardia, y acrecentar la eficacia de su aparato estatal y el aprovechamiento de sus recursos económicos. Y en este engarce y conexión dialéctica entre contexto internacional y circunstancias internas se fueron labrando las razones de una victoria total y los motivos de una derrota sin paliativos.

Resumiendo mucho, cabe decir que sin la constante y sistemática ayuda militar, diplomática y financiera prestada por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, es harto difícil creer que el bando liderado por el general Franco hubiera podido obtener su rotunda victoria absoluta e incondicional. De igual modo, sin el asfixiante embargo de armas impuesto por la política europea de No Intervención y la consecuente inhibición de las grandes potencias democráticas occidentales, con su gravoso efecto en la capacidad militar, situación material y fortaleza moral, es altamente improbable que la República hubiera sufrido un desplome interno y una derrota militar tan total, completa y sin paliativos.

-Una de las cuestiones más sensibles y polémicas de la Guerra Civil fue la represión ocurrida en cada uno de los bandos. Es habitual sostener que la diferencia entre unos y otros no solo fue cuantitativa, sino también cualitativa, es decir, que la represión en la zona controlada por los rebeldes habría sido dirigida «desde arriba», mientras que en la zona republicana habría surgido «desde abajo», siendo responsabilidad exclusiva de las masas descontroladas. ¿Qué opinión le merece esta descripción?

Creo que sobre esta cuestión es imprescindible recordar lo obvio, pero que a veces se olvida, se deforma o se oculta, con distintos propósitos o en virtud de contrastadas anteojeras ideológicas. Para empezar, las guerras civiles nunca estallan de improviso o por la acción malévola de una minoría aislada y sin arraigos sociales muy profundos, como si fueran accidentes naturales impredecibles o movimientos telúricos incomprensibles. Por tanto, tampoco la nuestra fue obra exclusiva de la conjura y rebelión militar de un puñado de traicioneros “generales facciosos”, ni tuvo como causa la preventiva anulación de un “complot comunista” y revolucionario inminente y sanguinario. Aquellos que se sorprenden de que la guerra civil fuera el resultado de un golpe militar sólo parcialmente triunfante (con su corolario de que el gobierno sólo parcialmente consiguió aplastarlo, en una clara demostración de mutuas impotencias), olvidan algo evidente desde la paradigmática Guerra de Secesión en Estados Unidos y hasta la actualidad. A saber: una guerra civil siempre comienza con una insurrección violenta contra la autoridad legítima de un gobierno en el ejercicio de su cargo; nunca se declara solemnemente como tal guerra y son sus consecuentes (el número, poder y organización de las personas que provocan la sublevación y conducen las operaciones bélicas) los que van definiendo su carácter de conflicto bélico civil (si dura mínimamente en el tiempo porque no logra tomar el poder en plazo breve y tampoco es abortado como asonada frustrada o insurgencia localizada).

Así pues, con independencia de sus orígenes y motivaciones (bastante más complejas de lo que pretende el maniqueísmo especular de tipo profranquista o prorrepublicano), la contienda de 1936-1939 fue un cataclismo colectivo que partió por la mitad a la sociedad española y abrió las puertas a un aterrador infierno de sangre y violencia. Cobró la vida de no menos de 200.000 muertos en combate y quizá hasta más de 300.000 muertos por penurias y carencias alimentarias y sanitarias inducidas por la contienda, además de cosechar un volumen de víctimas mortales por represión política interna de no menos de 130.000 personas a manos franquistas (la mayoría en guerra y unas decenas de miles en postguerra) y del entorno de 55.000 a manos republicanas (éstas sólo durante la guerra).

Como parte inevitable del fenómeno de la “guerra civil” (y tenemos decenas de ejemplos anteriores, contemporáneos y posteriores), esa violencia salvaje contra el “enemigo interno” es una característica definitoria del propio conflicto porque está alimentada por la combinación letal de miedo y odio que es condición de posibilidad previa al estallido y devenir de toda guerra y todavía más de las civiles, donde los enemigos hablan el mismo idioma, residen en los mismos lugares y pueden incluso ser familiares o conocidos directos y por eso más temidos y más odiados de manera personalizada. En ese contexto, esa violencia contra ellos tiene un carácter estratégico básico (anular la resistencia de los enemigos por eliminación física o intimidación moral ante el castigo ejemplar) y por eso mismo anegó de sangre ambas retaguardias, sobre todo en los meses iniciales, testigos del “terror caliente” de 1936 y principios de 1937 (y se calcula que acaso el 70% de los muertos por represión perdieron la vida en ese lapso temporal).  

El perfil de esas víctimas es contrastado, desde luego, como corresponde a una guerra que fue combinación de lucha de clases sociales por las armas, de pugna de ideologías políticas enfrentadas, de choque entre mentalidades culturales y creencias religiosas contrapuestas, de enfrentamiento de sentimientos nacionales mutuamente incompatibles. En la zona sublevada, truncado el objetivo de triunfo rápido, la represión de retaguardia alentada por la autoridad militar pretendía “limpiar” de escoria el cuerpo social de la nación mediante la liquidación de las autoridades institucionales adversas (militares o civiles), así como de los dirigentes socio-políticos de los partidos y sindicatos de izquierda y de aquellos militantes de los mismos más activos, desafectos o peligrosos. En la zona republicana, hundido el Estado democrático en un proceso revolucionario amorfo, aspiraba a eliminar los obstáculos a la transformación social a través de las vidas de militares alzados pero fracasados, de dirigentes políticos derechistas, de patronos opuestos al sindicalismo obrero y, sobre todo, de clérigos y fieles de la Iglesia Católica, erigida en símbolo culpable del mal acumulado durante decenios.

En esa dinámica violenta y fratricida, abundaron las víctimas y los verdugos en ambos bandos, desde luego. Y por eso, puestos a usar los muertos como arma arrojadiza del presente, nadie saldría ganando de manera clara y diáfana, por mucho que lo intente o lo pretenda. Sin entrar en primacías temporales o grados de vesania criminal, por cada “paseado” como Federico García Lorca o el alcalde de Granada a manos de militares sublevados siempre cabría presentar otro “paseado” como Pedro Muñoz Seca o Melquíades Álvarez a manos de milicianos revolucionarios. De igual modo, por cada uno de los muertos inocentes y vulnerables registrados tras la toma de la ciudad de Badajoz por los sublevados en agosto de 1936 (fueran los 530 nominalmente registrados por los estudios locales más recientes o los 3.800 apuntados por otras fuentes a mi modo de ver menos fiables), siempre cabría citar otro muerto inocente y vulnerable enterrado por las milicias revolucionarias en las fosas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz (entre 2.200 y 2.500, según todas las fuentes acreditadas).

En todo caso, sí que es verdad que la violencia insurgente (luego franquista) fue mucho más efectiva por organizada y progresivamente centralizada, además de superior en número porque empezó aplicándose a media España pero logró expandirse al compás de sus avances militares y extenderse temporalmente más allá de la victoria y durante muchos años después en la postguerra. Es algo completamente lógico, que se confirma en otras guerras civiles análogas y que se aprecia tanto en la cuantificación general de víctimas (130.000 causadas por los sublevados frente a las 55.000 causadas por sus enemigos) como en la esfera microhistórica. Un pequeño ejemplo sin más pretensiones pero creo que ilustrativo: el famoso y conflictivo pueblo de Castilblanco en Badajoz (poco más de 3.000 habitantes), que estuvo en poder republicano durante toda la contienda. En el mismo se registraron las siguientes víctimas mortales por represión socio-política: 10 víctimas derechistas entre 1936 y 1939 frente a 45 víctimas izquierdistas entre 1939 y 1942.

Esta es la triste realidad de la represión en ambos bandos, fueran víctimas inocentes, culpables o mezcla graduada de ambas cosas, en algún momento o según los casos. Y por eso, en términos historiográficos, casi igualmente que en términos cívicos democráticos, los patentes crímenes de lesa humanidad cometidos por los reaccionarios insurgentes no legitiman, ni mucho menos excusan, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de terror impuesto por los revolucionarios. Afirmar y demostrar esto no implica ninguna “equidistancia” ni moral ni política (algo absurdo porque ese concepto es meramente geométrico y no equivale a la necesaria imparcialidad de juicio que reclama la historia si no quiere devenir en mitología propagandística). Más bien es una constatación de la evidencia imborrable que nutre una mirada histórica tan atenta a la complejidad de los fenómenos históricos como presta a triturar los mitos consoladores de las visiones maniqueas interesadas o deformadoras por ignorancia o cerrazón ideológica doctrinaria. ¿Acaso la “imparcialidad” en la historia es ahora un delito en vez de ser una obligación deontológica y debe ser reemplazada por la más flagrante “parcialidad”? ¿Acaso ocultar los crímenes de un bando para ensalzar la enormidad o singularidad exclusiva y malvada de los crímenes del otro bando es hacer “buena Historia”? Todo lo contrario. Es reducir la disciplina a mera servidumbre impostada de la propaganda política más sectaria y miope, en mi humilde opinión.

Por otro lado, a este respecto, debe recordarse que la práctica totalidad de los líderes republicanos en el exilio reconocieron su innegable responsabilidad por acción u omisión (y tanto da, en términos políticos y morales) en esa “vergüenza de la República”. Por ejemplo, baste citar el testimonio del doctor Negrín, que lamentaría expresamente “el período de los ‘paseos’ en que nadie estaba seguro de retornar vivo a su casa o de que no lo vinieran a sacar de ella para rematarle”. Y que en su primera declaración pública en Londres, ya en 1942, defendería la amnistía para todos los crímenes de la guerra con razones poderosas (razones que después de 1956 serían ya moneda corriente en todas las fuerzas de la oposición exterior e interior y que se convertirían en realidad ya en 1977):

Para entonces (el futuro sin Franco) debemos estar preparados todos los españoles. Preparados quiere decir unidos. Basta ya de divisiones que tanto daño han hecho a España, que trajeron primero la guerra y luego la derrota. (…) Pronto nos repondremos de nuestros quebrantos en un régimen de tolerancia y confraternización. En un régimen que no quisiera utilizar ni el rigor ni la violencia más que, si indispensable fuera, para imponer la reconciliación de todos, absolutamente todos, los españoles; reconciliación que no es relajamiento ni contubernio, pero que, junto con el holocausto de nuestras pasiones, será el mejor tributo a todos los que han sufrido y han muerto. ¡A todos! ¡A unos y otros! ¡Todos son nuestros hermanos!

-«Resistir es vencer» decía Negrín. Con la perspectiva que dan los años, ¿fue acertada esa estrategia? ¿Era probable que el conflicto europeo estallara en cualquier momento? ¿O tenían razón aquellos que, como Azaña, apostaban por buscar una rendición pactada lo menos mala posible?

Hay que empezar por entender el sentido básico de la política de resistencia a ultranza propugnada por Negrín cuando accede a la jefatura del nuevo gobierno republicano en mayo de 1937, después de casi diez meses de catastróficas derrotas militares, sonoros fracasos diplomáticos y deplorables turbulencias internas socio-políticas (incluyendo una pequeña guerra civil en Barcelona como preludio y desencadenante de la propia constitución del nuevo ejecutivo). Era una estrategia política y militar defensiva y vertebrada sobre dos expectativas de horizonte alternativas. En el mejor de los casos, había que resistir el avance enemigo hasta que estallase en Europa el estimado como inevitable conflicto entre las democracias occidentales y el Eje italo-germano, obligando a aquéllas a asumir como propia la causa republicana y acudir en su ayuda postrera y hasta entonces negada. En el peor de los casos, si ese conflicto europeo no llegaba a estallar, había que resistir para conservar una posición de fuerza disuasoria que pudiera arrancar del enemigo las mejores condiciones posibles en la negociación de la paz o de las capitulaciones para la rendición. En todo caso, la lógica de esa estrategia de resistencia respondía al consejo bíblico para tiempos de combate: “Y si la trompeta da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla?”. En otras palabras, resistir abría una doble vía, bien para vencer con ayuda de las democracias o, si esto no era posible, para vender cara la victoria y arrancar al menos condiciones de rendición aceptables.

En ambas contingencias, la estrategia negrinista implicaba dos exigencias correlativas. En el plano exterior, había que conservar intacto el único apoyo militar y diplomático disponible: el que prestaba la Unión Soviética. Como le plantearía un seguidor de Negrín al presidente Azaña en el verano de 1937: “¿si las armas no vienen de Rusia, de dónde pueden venir?”.  En el plano interno, imponía la colaboración con el reforzado Partido Comunista y su integración como uno de los tres pilares de la resistencia republicana, junto con el PSOE reunificado y con la burocracia militar profesional que había reconstruido el Ejército Popular (a cuyo vértice Negrín puso al general Rojo). La estabilidad de esa tríada de pilares era tan vital como el apoyo soviético porque sostenían la única estrategia viable tras el fiasco de las otras alternativas políticas republicanas: primero, el letargo de los partidos republicanos hundidos por su incapacidad para detener la insurrección militar en los primeros dos meses y, luego, el agotamiento de la hegemonía de UGT-CNT, minada por el desconcierto anarquista y la frustración largo-caballerista ante su común incapacidad para contener el avance enemigo por todo el frente con sus propuestas revolucionarias.

Pese a su acierto general y a su carácter de única alternativa disponible, la política de resistencia de Negrín, sobre todo a partir de la primavera de 1938, fue naufragando irremisiblemente en su dimensión interior, incapaz de frenar el sistemático deterioro de las posiciones militares, de las condiciones materiales de existencia y del consecuente desplome de la moral política del bando republicano. Fue ese deterioro progresivo el que dividió hasta extremos de ruptura a los gobernantes republicanos en dos facciones. De un lado, con Negrín, los partidarios de la resistencia, convencidos de que era la única alternativa a la rendición sin condiciones dado que Franco no contemplaría ni un armisticio ni una mediación a menos que se lo impusieran por la fuerza de las armas. Como diría Negrín ya en junio de 1939 a sus detractores: “Resistir ¿por qué? Pues sencillamente porque sabíamos cuál sería el final de la capitulación. (…) Seguir luchando, porque no había más remedio para, si no se podía ganar, salvar lo que se pudiera”.  De otro lado, con Azaña al frente, los partidarios de acabar con una guerra ya perdida mediante el recurso a la mediación de las potencias democráticas para que impusieran a Franco una paz humanitaria o buenas condiciones de rendición. En palabras de Azaña ya a finales de 1937: “El quid está en hallar el artificio diplomático bastante fuerte para hacer irresistible un propósito de pacificación”.

La fulminante victoria de la ofensiva franquista sobre Cataluña a principios de 1939 terminó con el debate y dilema por la fuerza de los hechos. Las democracias rechazaron entonces las demandas de mediación para la rendición de Azaña y también las solicitudes de intervención para la capitulación negociada de Negrín. La pérdida de Cataluña activó el proceso de descomposición moral e institucional en lo que restaba de territorio leal a la República, alentando a las heterogéneas fuerzas partidarias de reducir la influencia comunista y entregarse a la benevolencia del vencedor (un amplio frente que incluía a republicanos, militares profesionales, anarcosindicalistas, socialistas largo-caballeristas y hasta antiguos seguidores de Prieto y Besteiro: el frente “anti-negrinista” unido sólo por la común hostilidad al jefe del gobierno). Su último episodio fue la sublevación en Madrid del coronel Casado a principios de marzo de 1939, con su breve pero sangrienta guerra civil intra-republicana. Con el triunfo de Casado y la proscripción del PCE quedó barrida toda posibilidad de resistencia al quedar sin apoyos internos ni aparentes horizontes de ayuda externa. Pero con dicho triunfo también se reveló pronto lo ilusoria que era la alternativa de negociar con Franco otra cosa que no fuera la mera y simple rendición incondicional y sin garantías.

-Coincide con Alicia Alted en calificar el exilio provocado por la guerra como “el más trágico de la historia de España”. En concreto ud. detalla varios aspectos que los diferencian respecto a otros tantos exilios ocurridos en Europa. 

El masivo exilio que puso término a la guerra civil afectó inicialmente a bastante más de medio millón de personas, aunque quedó finalmente cifrado en un mínimo de 300.000 (descontando los repatriados, de grado o por fuerza entre 1939 y 1945). Desde luego, no era el primero de los registrados en la historia moderna y contemporánea de España, que ha sido pródiga en éxodos políticos recurrentes. Sin embargo, como efectivamente subrayó la profesora Alted y otros analistas del fenómeno, el exilio español de 1939 constituía un caso muy singular en varios aspectos cruciales.

Por ejemplo, en el orden internacional, era el resultado de una sangrienta guerra civil que había tenido una decisiva dimensión internacional y que había suscitado enorme interés y pasión entre la opinión pública contemporánea (mayormente simpatizante de la causa republicana, aunque con sectores muy influyentes favorables al bando franquista). Así se explica que aquel contingente de exiliados españoles acabara encontrando refugio en sitios tan distintos y tan alejados de su patria de origen: desde Francia y México, como destinos mayoritarios, hasta Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Argelia, Marruecos, la República Dominicana, Cuba, Chile o la Argentina, para no mencionar otros países europeos, americanos y hasta asiáticos o africanos, igualmente afectados por el fenómeno.

Desde el punto de vista español, era un exilio de masas superior en cantidad a cuanto se había registrado en la historia nacional y tenía varias características peculiares de entidad cualitativa. No en vano, la masa de exiliados revelaba una enorme pluralidad interna, tanto por lo que respecta a su procedencia geográfica, como por lo que hace a su composición demográfica, a su ocupación socio-laboral y a su perfil político-ideológico. De hecho, partieron al exilio españoles de todas las provincias y regiones sin excepción (más desde Cataluña y Aragón, por razón de cercanía territorial a la frontera, que desde Asturias o Extremadura). Eran de todas las edades y de ambos géneros: un mínimo de 220.000 hombres mayores de edad que habían sido soldados frente a otro mínimo de 210.000 civiles entre los que predominaban las mujeres, los niños y los ancianos. También eran de todas las condiciones sociales y laborales: casi la mitad eran obreros y técnicos del sector secundario industrial, más del 30 por ciento eran trabajadores agrícolas y cerca de un 20 por ciento se había ganado la vida en el moderno sector terciario. Y en cuanto a sus opiniones y credos políticos, abrigaban todo el espectro desde el republicanismo democrático hasta el anarquismo libertario, pasando por el socialismo, el comunismo y los nacionalismos vasco y catalanista.

Las vivencias de esa enorme masa exiliada no fueron fáciles. Lanzados al abismo del destierro como vencidos sin posibilidad de retorno (salvo arrostrando riesgos para sus vidas y haciendas), tuvieron la desgracia de sufrir en sus respectivos países de acogida las consecuencias del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese período de 1939-1945, considerando todavía su expatriación como provisional, sus sentimientos oscilaron entre el desánimo de la impotencia (por su falta de fuerza propia para derribar al franquismo) y la ilusión de la esperanza (en una victoria aliada sobre el Eje italo-germano que arrastrara consigo al régimen). Sin embargo, el factor persistente de la vida política de los exiliados siguió siendo la división interna y la lucha fratricida, las mismas lacras que habían lastrado el esfuerzo bélico republicano con anterioridad. Y esas mismas fracturas bélicas, convertidas en el exilio en diferencias insalvables, limitaron la eficacia de su activismo político.

Todavía estaba por llegar lo peor: el final de la contienda mundial con la derrota del Eje no significó la caída de Franco ni el retorno de la República a España. En 1945 las dos grandes potencias occidentales vencedoras (Gran Bretaña y Estados Unidos) pusieron en marcha una política de cuarentena contra el régimen para forzar la retirada voluntaria de Franco en favor del pretendiente monárquico, Don Juan de Borbón, con el apoyo del alto mando militar, de los grupos monárquicos y de la izquierda moderada, pero sin arriesgarse lo más mínimo a una reapertura de la guerra civil. El interés geo-estratégico de la Península Ibérica para la defensa de Europa occidental, acentuado por las primeras disensiones entre la Unión Soviética y sus antiguos aliados contra el nazismo, reforzaba esa voluntad de “no-intervención” en asuntos internos de terceros países, así como el deseo de evitar todo peligro de desestabilización política en España. Desestimada así la demanda soviética de aplicar sanciones efectivas (económicas o militares), las potencias occidentales impusieron un ostracismo internacional desdentado que posibilitó la supervivencia de la dictadura franquista al compás del creciente clima de Guerra Fría.

Mientras el exilio republicano se aprestaba a vivir después de 1945 sin la esperanza del retorno, la España regida por Franco con mano de hierro iba recuperando sus fuerzas con suma lentitud pero sin temor alguno a intervenciones exteriores. El país tardaría todavía mucho tiempo en superar las consecuencias de aquella enorme hemorragia humana del exilio de 1939, que privó al país de la competencia y capacidad de un altísimo número de brazos y cerebros. El único consuelo derivado de aquella tragedia humanitaria es tan paradójico como transcendente: los exiliados expulsados por vencedores que los consideraban la “anti-España” acabarían reforzando la presencia de la cultura española en los países de acogida y transfiriendo sus saberes y habilidades a otros pueblos cercanos o lejanos pero ya para siempre unidos a España por ese flujo migratorio tan numeroso como cualificado.

-Para concluir, queríamos preguntarle sobre memoria histórica. ¿Considera acertado que valoremos normativamente el pasado (repartiendo culpas y méritos)? En caso afirmativo ¿cómo evitar, a la vez, el presentismo anacrónico y el relativismo historicista? ¿El Estado debe adoptar una posición de manera oficial respecto a determinados eventos históricos, por ejemplo, condenando o ensalzando figuras o sucesos?

Me parece imprescindible hacer una precisión conceptual antes de abordar esta cuestión, que es mucho más un tema de orden cívico-moral que un asunto historiográfico. Sé que ya es inútil y hasta estéril, pero debo dejar constancia del sinsentido del uso del término “Memoria Histórica”, así, en singular y en mayúscula. Es un oxímoron equívoco como pocos y tiene el mismo formato vago e inconsistente que “Sensación Matemática” o “Hipocondría Económica”. Hay “memorias” sobre el pasado histórico que se declinan siempre en plural y en minúscula porque cada ser humano recuerda lo que vivió en primera persona (si tiene recuerdos y edad para ello) o lo que otras le han contado sobre el pretérito (y entonces es información derivada, pero no vivencia rememorada: y la diferencia es clave y crucial). La Historia, entendida desde Heródoto como una disciplina generadora de conocimiento riguroso y probatorio, surge precisamente de la criba de los testimonios contrapuestos y de su cotejo con la restante documentación material persistente y correspondiente (que ya no es obra del “testigo” sino ajena a su voluntad y recuerdo: textos escritos, piezas archivísticas, restos arqueológicos, trazas onomásticas, tradiciones consagradas…). Por eso reducir la Historia a un adjetivo de la Memoria sustantivada es algo muy problemático epistemológicamente y casi suicida profesionalmente. Nos previno contra esta reducción y servidumbre precisamente un testigo que fue víctima y superviviente del Holocausto, el escritor Primo Levi, cuyas obras son siempre una advertencia sobre las veleidades de la memoria personal, un instrumento maravilloso para el recuerdo, pero también vulnerable por fragmentario, a veces falaz de modo inconsciente y otras veces de manera interesada, y casi siempre olvidadizo.

Sentada esa premisa, debemos admitir que la llamada “memoria histórica” no es en realidad el fruto del recuerdo biográfico de ningún ser orgánico pensante, sino la “conciencia” formada por un tejido de experiencias, ideas recibidas, valores asumidos, lecturas mediadas e imágenes transmitidas: un conjunto heteróclito de materiales de distinta procedencia que tanto se nutre de las propias vivencias biográficas como de las interacciones con otros iguales con su propia “memoria” personal” o “memorias” socialmente formuladas y promovidas. Recuerdo al respecto la advertencia ya canónica de Tzvetan Todorov cuando este movimiento “memorialístico” comenzó en Europa hace decenios con el objetivo de “rescatar” o “recuperar” el testimonio de las víctimas de los regímenes totalitarios de muchos países continentales: “la llamada memoria colectiva (como empezó llamándose a la “memoria histórica”) no es una memoria sino un discurso que se mueve en el espacio público”).

En el caso español, la cristalización y difusión de ese pseudo-concepto evoca un conflicto de lecturas interpretativas sobre la guerra civil de 1936-1939 insoluble porque la contienda escindió por la mitad al país y provocó una hemorragia de sangre de víctimas de ambas partes, como bien sabemos o deberíamos saber ya. Desde luego, en términos socio-históricos, la suerte sonrió de manera muy diferente a unos y otros por razón del propio resultado de la guerra. Los familiares de unas víctimas (las ocasionadas por el bando republicano derrotado) tuvieron la fortuna de ver sus cadáveres recuperados, honrados sus lugares de reposo y gratificados sus herederos. Sin embargo, las familias de las otras víctimas (las ocasionadas por el bando franquista vencedor, que además eran bastantes más) tuvieron que sufrir el oprobio de la vergüenza, carecieron de amparo legal para sus deudos y muchas hubieron de renunciar a recuperar sus cadáveres de las fosas comunes. Fue una más de las injusticias deplorables que pueblan la historia, tanto española como internacional, y que no admiten reparación real cuando hablamos de muertos de hace tanto tiempo y de contextos bélicos tan violentos como esa primera mitad del siglo XX.

A mi juicio, como ciudadano y ya no como historiador, compensar en lo posible esas situaciones es una obligación para un Estado democrático que no debería reabrir viejas heridas y, por el contrario, que debería contribuir a cicatrizarlas definitivamente. Pero es competencia de los agentes sociales y políticos que sea así y no de otro modo. Sencillamente porque hubo víctimas y hubo verdugos en ambos bandos, muchos más de los que algunos parecen pensar o se atreven a apreciar. Y no parece que tratar equitativamente a las víctimas suponga ninguna afrenta para nadie sensato a estas alturas. Incluso pudiera servir para terminar con la anomalía que supone todavía la existencia de fosas comunes con cadáveres de la guerra. ¿Alguien con sentido común (no ya político) podría negar a los familiares de los represaliados el derecho a localizar los cuerpos de sus antepasados? ¿Acaso enterrar dignamente a los últimos muertos de la guerra no sería la mejor manera de cerrar simbólicamente una página trágica de la historia española?

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en términos cívico-políticos también hay que tener conciencia de que “recordar” la guerra civil y “honrar” a sus víctimas requiere tanto sentido de la justicia como sentido de la prudencia porque en el conflicto hubo de todo y en ambos bandos, con independencia de grados de primacía, vesania o responsabilidad. ¿Qué cabe hacer, entonces, con la “memoria” de la guerra y sus víctimas? Pues lo mismo que han hecho distintas sociedades enfrentadas a un pasado traumático y cercano. La primera opción sería poner punto final a la amnistía de 1977 y abrir un proceso para ajustar cuentas penales, como se hizo en 1945 en muchos países tras la liberación aliada del yugo nazi, por ejemplo. El peligro es que sus resultados fueron discutibles porque las responsabilidades afectaban a tantos millones que no cabía proseguir su curso hasta el extremo, dado que ponía en cuestión la supervivencia del país (y por eso, por ejemplo, en Italia un ministro comunista muy pronto concedió la amnistía a los seguidores de Mussolini, en tanto que en los países soviéticos se “reeducó” sin dificultad a los previos enemigos del régimen para convertirlos en agradecidos sostenedores del mismo). Sin contar que los hechos juzgados en España serían pasado perfecto de 85 años atrás, con ningún responsable vivo susceptible de juzgar (a la izquierda o a la derecha, dicho sea de paso). También hay otra opción: resignarse a saber sólo que pasó mediante una comisión de encuesta que renunciara a ajustar cuentas y compensara moral o materialmente a todas las víctimas y sus herederos, pese a que la distancia temporal introduce un factor muy considerable (¿son los bisnietos merecedores de compensaciones a cuenta del sufrimiento de parientes tan alejados?). En todo caso, esa fue la opción de la Sudáfrica posterior al apartheid y la preferida desde 1990 por los países ex-soviéticos (sin ese problema de distancia generacional tan grande, por otro lado).

En gran medida, esas dos opciones disponibles responden a un dilema clásico registrado en muchas situaciones históricas de esta naturaleza, no sólo de la era contemporánea: o bien suscribimos el principio Fiat Iustitia, Pereat Mundo (Hágase justicia aunque se hunda el mundo); o bien nos inclinamos por la máxima Salus Publica, Suprema Lex (El bien común de la sociedad es la ley suprema). Honestamente, yo prefiero la segunda alternativa, que es la que imperó durante la transición política y los primeros decenios de democracia restaurada, como fue también la que aplicaron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial en diferente grado y medida. Sin que por ello dejara de lado la necesaria restitución oficial de la “memoria” de los represaliados por el franquismo. ¿Por qué motivo? Porque sería una mera equiparación de situaciones entre víctimas. Además, así estaríamos cumpliendo dos recomendaciones del Parlamento Europeo sobre “memoria histórica europea”: la de abril de 2009 que pide respeto para “todas las víctimas de los regímenes totalitarios y antidemocráticos en Europa” considerando “irrelevante qué régimen les privó de su libertad o les torturó o asesinó por la razón que fuera”; y la de septiembre de 2019 que instaba a los Estados a mantener vivo “los recuerdos del trágico pasado de Europa con el fin de honrar la memoria de las víctimas” de “las dictaduras comunistas, nazi y de otro tipo”.

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