La autoidentificación de género: comentarios a la filosofía trans de Pablo de Lora

En los últimos años el filósofo Pablo de Lora ha dedicado buena parte de su atención a reflexionar sobre la cuestión trans. Además de diversos artículos, ha publicado con éxito Lo sexual es político (y jurídico) en 2019 y, más recientemente, El laberinto del género en 2021 —del que extraemos todas las citas—, ambos en la editorial Alianza. En líneas generales simpatizamos con varias de sus tesis y juzgamos que se trata de dos textos recomendables —en especial lo tocante a lo que denomina «paradoja liberal del sexo»[1] y la violencia de género. No obstante, en lo que sigue pretendemos ofrecer una serie de comentarios críticos sobre algunos de los argumentos que desarrolla: el de la despatologización, el de las cifras, el del fraude, el de la violencia de género y el de la discriminación. Veámoslo.

Seguramente dos de las reclamaciones que más consenso recaban dentro de la comunidad trans tienen que ver con despatologizar tal condición y exigir que los servicios necesarios para la transición —como la hormonación o las cirugías— sean financiados públicamente. Pues bien, a juicio de De Lora tales reclamaciones son contradictorias. A lo sumo —concede el autor— habría un imperativo en tal sentido solo de orden pragmático si se demostrara que el sufrimiento desmesurado causado por no poder acceder a estos tratamientos así lo justifica:

«…despatologizar mediante la impugnación global al ‘modelo biomédico de la transexualdiad’ y reclamar al tiempo que el sistema sanitario público sufrague las demandas de acomodación de la identidad de género del colectivo LGTBIQ, aunque sea bajo ese modelo de ‘reconocimiento’, es sencillamente incompatible, como tuve ocasión de discutir en Lo sexual es político y (jurídico). De hecho, la persistencia de la disforia o incongruencia de género en los manuales clínicos de Estados Unidos como un ‘transtorno’ (disorder) tiene como explicación que esa inclusión es necesaria para que los seguros médicos privados cubran los tratamientos. (De Lora, 2021, p. 43)»

En nuestra opinión se trata de una falsa dicotomía: no es cierto que solo quepa imputar al presupuesto público servicios médicos si aquello que se busca remediar con los mismos es una enfermedad. Por ejemplo, consideremos el suministro de anestesia epidural durante el parto: habrá casos en que tal inyección podrá venir aconsejada por razones estrictamente médicas para proteger la salud de la madre o el bebé, pero en otras se busca «simplemente» que el alumbramiento transcurra con menos dolor para la parturienta. ¿Acaso ese padecimiento constituye algún tipo de enfermedad o patología? Ciertamente no. Consideramos que es una parte consustancial del parto, algo «natural»; al contrario, es probable que considerásemos que «algo anda mal» si la mujer en cuestión no notara la más mínima molestia. Y, sin embargo, en la medida en que juzgamos que esa circunstancia es altamente indeseable entendemos que el anestésico puede estar «pagado por todos» sin mayores problemas. (Otros ejemplos serían posibles: uno provocativo podría ser el del aborto no terapéutico para embarazos no deseados, al menos para aquellos que crean en su licitud y necesidad de ser financiado públicamente). No solo eso, bien mirado resulta que la mayoría de prestaciones públicas que las personas reciben no tienen que ver con «curar o aliviar enfermedades», sino, en general, con remediar o evitar situaciones que se consideran gravemente indeseables por un motivo u otro. Ahora bien, como en la mayoría de ocasiones en que los profesionales de la salud conceden algún tipo de servicio o bien financiado públicamente están haciendo frente a una patología, trastorno, lesión o enfermedad, es fácil asumir que sus servicios solo pueden estar públicamente sufragados cuando tengan ese fin concreto. No obstante, ninguna razón nos obliga a ello. Si se considera que la situación X es (i) altamente indeseable, (ii) del tipo de situaciones que la sociedad está obligada a intentar remediar o minimizar con sus impuestos y (iii) del tipo de situaciones que los profesionales sanitarios están mejor capacitados para abordar, entonces podrá afirmarse que en la situación X cabe recabar de manera legítima la actuación de los profesionales médicos y que tal actuación debe estar financiada públicamente, sin por ello tener que afirmar también que esa situación X constituye una patología. Es más, la identificación entre «servicio sanitario financiado públicamente» y «enfermedad» puede ser puesto en duda desde el otro lado puesto que hay enfermedades cuyo tratamiento público no está claro. Por ejemplo, la alopecia constituye una suerte de enfermedad, pero ¿significa esto que su tratamiento debería estar financiado públicamente? ¿En hombres igual que en mujeres? (Qué sean enfermedades, qué sea «natural» o qué situaciones cumplan las tres características indicadas es otra discusión.)

En páginas posteriores, De Lora se centra en otra de las demandas habituales: que las personas trans puedan modificar en el Registro Civil la inscripción de su sexo sin por ello tener que someterse a ningún tratamiento, proceso de hormonación, intervención quirúrjica o diganóstico psiquiátrico, bastando su afirmación y autoidentificación (véase el art. 38 del Anteproyecto de la llamada Ley Trans). Pues bien, para el autor esta posibilidad generaría diversos problemas relacionados con la violencia de género para cuya ilustración expone «el crímen de Fuenteventura» del que se sirve como hilo conductor en su razonamiento: se trata de un asesinato y violación cometido en 2018 en Canarias por el entonces llamado Jonathan Robaina contra su prima Vanesa. En su defensa, sin embargo, el acusado afirmó que era una mujer y que siempre lo había sido, que su nombre era Lorena, que no le gustaban las mujeres —-por lo que no podía violarlas— y que, en consecuencia, solicitaba cumplir condena en una cárcel de mujeres. ¿Qué decir al respecto? Para De Lora se siguen diversos problemas: en primer lugar, si aceptáramos la autoidentificación de género las cifras sobre asesinatos machistas —definidos como los cometidos por un hombre contra una mujer por el simple hecho de serlo— se desdibujarían. En concreto, «estas estadísticas corren serio peligro de perder su simbolismo, su capacidad de denuncia, también su potencia informativa cuando las mujeres trans son tratadas como mujeres ‘a secas’, es decir, cuando no se especifica su biología masculina» (De Lora, 2021, p. 56).

No creemos que este sea un temor demasiado fundado: dado que la probabilidad de que un hombre cometa un homicidio machista es extremadamente baja —como el propio autor desarrolla en su obra anterior— y dado que un hombre sea transexual también lo es, la probabilidad de que coincidan ambas situaciones es casi nula. Además, incluso si el caso de Fuerteventura no fuera excepcional de manera que cada año se empezaran a registrar 1 o 2 homicidios como los mencionados, las estadísticas seguirían «seguras» en la medida en que la media anual se mantendría en unas cifras muy parecidas.

En segundo lugar, el caso de Lorena permite al autor introducir un problema adicional y más importante, el argumento del fraude. A su juicio:

«El caso ha venido a confirmar los muchos temores que albergan numerosas feministas acerca de la autoindentifación de género, en particular la estrategia palmaria que estaría empleando Lorena para sortear lo que, por decirlo rápido, ‘merece como hombre que fue’. (De Lora, 2021, p. 58)»

Anticipando una posible objeción, De Lora destaca la existencia del artículo 40.4 del Anteproyecto de Ley para la Igualdad Real de las Personas Trans según el cual:

«La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, en particular a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.»

En respuesta, el autor argumenta de manera convincente por qué está cláusula no solventaría realmente el problema destacado, dado que ¿a qué obligaciones jurídicas se estaría refiriendo? ¿A la de no matar? ¿Acaso no seguiría en vigor tras el cambio de sexo? ¿A la de cumplir determinada condena antes de ser juzgado? (De Lora, 2021, p. 61). La intención del artículo es clara, pero, efectivamente, no parece que la técnica legislativa sea acertada.

Dicho esto, ¿implica lo anterior que existe realmente un problema de derecho transitorio, como parece sugerir el autor? Difícilmente. ¿Por qué? Porque « los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar» (art. 7 Código Penal). Es decir, que —por regla sumamente general[2]— en el derecho penal español a la hora de enjuiciar unos hechos únicamente se toman en consideración las circunstancias concurrentes al momento de sucederse el crimen, no las concurrentes al momento de juzgarlo de modo que los hipotéticos cambios de sexo fraudulento que pudieran darse a posteriori no tendrían mayor relevancia. Por ejemplo, si uno comete un delito con 16 años, pero se lo juzga cuando tiene 18, no se le aplica el Código Penal, sino la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Similarmente, si al tiempo de agredir a una mujer uno no la conocía de nada no se considerará violencia de género por mucho que el día del juicio uno esté felizmente casado con la víctima. Luego, si una persona agrede a una mujer constando en el Registro Civil que es un hombre, que el día del juicio su condición haya mutado no tendrá —o debería tener— relevancia penal (si acaso penitenciaria). (El único resquicio para el fraude que advertimos en materia penal sería el de aquel que, como parte de su plan delictivo, alterase la inscripción registral con anterioridad a cometer el crimen —y con un margen de tiempo prudencial que no hiciera evidente la intención fraudulenta).

Solamente unos párrafos más allá De Lora da un paso más y pondera si acaso la misma realidad de la violencia de género estaría en serio peligro de aceptarse la autoidentificación de género como realidad legal-registral. A tal efecto pregunta:

«¿Y cómo podría entonces existir la categoría de violencia de género sin aceptar también el hecho ‘bruto’ de ‘ser mujer’? […] si, por el ‘hecho de ser mujer’, no interpretamos la condición puramente biológica (lo que he llamado ‘hecho bruto’), sino el ‘hecho’ -que también lo es, aunque no sea objetivable- de ‘sentirse mujer’ […] la violencia de género no se ejercería cuando la víctima, siendo biológicamente mujer, ‘no se sienta mujer’, incluso cuando el agresor la agrede porque él así lo cree y actúa contra ella precisamente por ese hecho […] y en cambio, sí se ejercería cuando el agredido, no siendo biológicamente mujer, sí se sienta tal y a pesar de que el agresor, precisamente porque desconoce o no concede relevancia a ese ‘hecho’ no actúa contra la víctima por ‘el hecho de ser mujer’ ni con ánimo machista de dominación. En resumen: en el primer caso se quiso ejercer violencia de género, pero no fue esa la clase violencia que se ejerció; en el segundo, no era esa la clase de violencia que se pretendió ejercer, pero fue la que se ejerció. O expresado en otros términos: la autoidentidad de género resulta incompatible con los presupuestos socialmente ontológicos de la violencia de género.(De Lora, 2021, p. 61)»

Se trata de un fragmento especialmente correoso, pero si lo hemos entendido bien creemos que también es impreciso. Empecemos por el final: si en adelante definimos mujer y hombre como «persona con determinada vivencia personal de su identidad», entonces la violencia de género —entendida como la violencia que ejerce el hombre así definido contra la mujer así definida por el simple hecho de ser mujer— seguirá existiendo sin perjuicio de que ahora estará nombrando una realidad algo distinta. O, si se quiere, dejará de existir en su sentido tradicional u originario —al dejarse atrás las definiciones tradicionales u originales de mujer y hombre— para adoptar un nuevo significado que, con todo, cubrirá casi los mismos casos en la medida en que la mayoría de personas son cis. Ahora bien, si bajo esta nueva concepción sucede lo que de Lora expone en el segundo caso, entonces no se estará cometiendo un acto clasificable como violencia de género, sino que se dará lo que los penalistas conocen como «error de tipo» (seguramente invencible) que impide considerar que un crimen ha tenido lugar. (Es decir, sucede lo mismo que cuando una persona agrede a un policía sin saber que se trata de un policía: que no se comete un atentado contra la autoridad, sino solamente un delito de lesiones). En el primer caso, en cambio, efectivamente no tendría lugar la violencia de género, pues sucedería lo que se conoce como «tentativa inidónea» (como cuando se intenta matar a un tercero disparándole con una pistola de juguete creyendo falsamente que es de verdad). Luego, lo que realmente podría suceder en caso de redefinir así los términos «hombre» y «mujer» sería ocasionar problemas de prueba mayúsculos a la hora de enjuiciar esta clase de hechos, mas no que uno pudiera cometer determinados delitos sin saber que los está cometiendo.

Concluido el apartado relacionado con la violencia de género De Lora se centra en cuestiones relativas a la libertad de expresión: ¿debemos emplear el nuevo nombre que adopte para sí la persona trans? ¿Y el pronombre que escoja, incluso si es un pronombre que no existe aún en el lenguaje habitual —como elle o ellis? Son las páginas que más nos han interesado de este breve texto. Con todo, dejemoslas y sigamos con el tema iniciado saltando hasta el epílogo. En esas páginas finales el autor acepta que, bien mirado, apenas ninguna ley podría promulgarse si fuera necesario excluir previamente cualquier posibilidad de fraude como el cometido por Lorena. Luego, a su juicio, el problema más de fondo que la aceptación de la autoindentifación podría generar tendría que ver con la discriminación que probablemente engendraría. En efecto —continua De Lora— si uno puede ir al Registro y pasar de hombre a mujer con solo afirmarlo ante el funcionario en cuestión, significa también que, con solo afirmarlo, tendrá derecho al conjunto de ventajas legales asociadas a las mujeres, como las derivadas de las políticas de discriminación positiva. Es decir, «de individuos que no podrán acreditar seriamente una historia vital de exclusión, subordinación o menosprecio por su condición de mujeres que exija reparación ninguna». En consecuencia, esos beneficios estarán comportando una ventaja injusta para la persona trans en cuestión, incluso si la modificación registral se ha llevado a cabo de manera totalmente honesta (De Lora 2021, pp.  118-119). 

Esta última crítica nos merece dos comentarios. Uno, que las personas trans tienen bastantes números de poder acreditar ese historial de exclusión o menosprecio, al menos en no pocos casos —tal y como ya se recoge en la Exposición de Motivos del Anteproyecto. Y dos, que si la reparación o compensación es la justificación que adoptamos de las medidas de discriminación positiva, entonces se sigue que en muchas ocasiones habrá mujeres que estarán recibiendo una ventaja igualmente injustificada (como, por cierto, parece reconocer De Lora de manera explícita al final de este artículo). Es decir, que si la crítica es válida, entonces lo que hace realmente es impugnar de raíz gran parte de las medidas de discriminación positiva en vigor.

Dicho esto, ¿significa pues que defendemos la adopción legal de la autoidentificación sexual o de género? No, pero nuestras dudas toman una dirección diferente —aunque compatible— a las expresadas por el autor. Dediquemos estas palabras de cierre a exponerlas brevemente: si como se indica en los influyentes Principios de Yogyakarta el género de cada cual consiste en determinada vivencia íntima hondamente conectada con la identidad, pero, a la vez, no objetivable ni contrastable por terceros,[3] entonces la pregunta que nos surge es ¿por qué debería constar en el Registro Civil o, más generalmente, interesarle en lo más mínimo al Estado? Es más, ¿con qué derecho puede el Estado exigirle a uno que manifieste pública y registralmente algo así, inmiscuyéndose de esta forma en la intimidad más profunda de cada cual? ¿Acaso no sería como pedirle a uno que manifestara gratuitamente su credo religioso u orientación sexual —algo hoy inconstitucional, por cierto (art. 16 CE)? ¿Sería aceptable que algo así constara obligatoriamente en nuestra cédula de identidad y fuera de conocimiento estatal? En fin, quizás tendría sentido como medida temporal para contribuir a desestigmatizar tales condiciones y, quizás, para realizar determinadas estadísticas puntuales destinadas a orientar las políticas públicas, pero de ningún modo como norma habitual.

Esta reflexión nos lleva, a su vez, a plantear otro problema conexo: otra reclamación habitual del movimiento trans —lo que no significa que sea unánime— es que los hombres y las mujeres trans sean tratados social y jurídicamente como los hombres y las mujeres cis,[4] esto es, que en aquellos ámbitos en que la categoría hombre/mujer tiene un papel relevante —competiciones deportivas, medidas de discriminación positiva, régimen penal y penitenciario, baños públicos, etc.— trans y cis sean tratados por igual —compitiendo en las mismas categorias deportivas, obteniendo las mismas medidas de discriminación positiva, regulados por el mismo régimen penal y penitenciario, usando los mismos baños públicos, etc. Ahora bien, si hemos transformado el significado de las categorías hombre y mujer desposeyéndolas de todo contenido anatómico, fisiológico, hormonal, etc., entonces lo lógico no es seguir derivando automáticamente de esos conceptos las mismas consecuencias normativas que ahora inferimos de su versión tradicional, sino pararse y reflexionar sobre qué consecuencias merecen estas nuevas categorías. Es decir, si la cosa cambia, entonces deben cambiar sus implicaciones, por mucho que el nombre de la misma se mantenga, ¿verdad? Dicho de otro modo, si hombre y mujer —o pobre/rico, ciudadano/extranjero, etc.— ya no tienen que ver con la biología —o con el dinero, o con la nacionalidad, etc.—, entonces todas aquellas distinciones que hasta ahora hacíamos y aceptábamos con base en ella deberán ser del todo repensadas. (De hecho, a esto mismo parece apuntar el art. 40.3 del Anteproyecto cuando dice: «Respecto de las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo biológico, la persona conservará, en su caso, los derechos inherentes al mismo en los términos establecidos en la legislación sectorial». Y bien mirado, ¿hasta qué punto este inciso que reconoce la existencia objetiva de una realidad llamada «sexo biológico» no supone un tiro en el pie de la propia ley y de la filosofía que la inspira?) Qué resultados se seguirán de esta nueva reflexión no es algo que quepa anticipar de un plumazo y para nosotros constituye la pregunta más importante de este debate. 


Imagen: Noah BuscherHire

[1] En síntesis, De Lora destaca la tensión que existe entre la concepción totalmente desacralizada de la sexualidad imperante en la sociedad y muchas de nuestras intuiciones sobre el sexo. Por ejemplo, ¿cómo explicar la especial dureza de las penas que se atribuyen sin polémica a los delitos contra la libertad sexual si se trata de una actividad que no tiene nada de especial, que casi es una función vital más, como comer o hacer la digestión? ¿Cómo puede ser que una violación pueda implicar más años de cárcel que un homicidio doloso?

[2] Una posible excepción serían las atenuantes de reparación del daño o dilaciones indebidas: circunstancias que pueden servir para rebajar la pena y que, sin embargo, tienen lugar cuando el crimen ya se ha consumado.

[3] Aquí la definición textual que encontramos en la sexta página de los Principios de Yogyakarta: «Gender identity is understood to refer to each person’s deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical, surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms.»

[4] Se consideran personas cis aquellas que están conformes con el sexo que les ha sido asignados al nacer. Son trans aquellas personas que no están conformes. Esta categoría es ajena a la orientación sexual y no tiene porqué conectarse necesariamente con el modo en que uno se presenta a los demás, a su vestimenta, a su forma de actuar, hablar etc. Adicionalmente, hay personas que se consideran trans pero que no por ello sienten un fuerte rechazo hacia su cuerpo ni la necesidad o el deseo de modificarlo radicalmente.

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1 COMENTARIO

  1. No soy un experto en el tema pero teniendo en cuenta los artículos que he leido respecto al tema de la ley trans tengo la sensación de que la propia ley está mezclando principios antagonistas del movimiento trans y el movimiento queer (como indicais con «el tiro en el pie» aquí).

    Por un lado defiende la existencia del sexo biológico y el género (cultural). Por este lado justifican que, por ejemplo, una mujer pueda transicionar a hombre porque así se siente culturalmente y por lo tanto quiere que su físico se corresponda con el género con el que se identifica.

    Me ha parecido muy interesante todo el artículo y sobre todo las reflexiones de los párrafos finales.

    Por otro lado habla de la autodeterminación del género, más alineado con la teoría Queer, por la cual el sexo también es cultural.

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