La autonomía fundamenta la eticidad de las conductas eutanásicas

Álvaro Serrano @alvaroserrano

El martes 11 de febrero el Pleno del Congreso tomaba en consideración la Propuesta de Ley (PL) presentada por el grupo socialista acerca de la Regulación de la Eutanasia (LORE) para ser debatida en Comisión. La aritmética de los votos expresados para dar luz verde a tal propuesta aventura que la deliberación no va a tropezar con el filibusterismo que practicaron los partidos de derecha contrarios a una ley de eutanasia. En esta ocasión es de esperar que la deliberación será sin duda fluida y de haber cambios en el texto serán por matices o puntos de procedimiento. Pero estimo que debiera preocupar el discurso del morir y de la muerte que se trasparenta en la PL que se va debatir y que considero carente de validez epistémica, ética y sin legitimidad constitucional.

Toda ley ha de encuadrarse en el marco de los principios y valores de la Constitución Española (CE), pero la PL socialista tiene más aire de familia con el art. 143 del Código Penal (CP) (1) que con los artículos 1 y 10 de la CE. En vísperas de la reforma del CP de 1995 el Grupo de Estudios de Política Criminal –formado por catedráticos y profesores de Derecho Penal, magistrados y fiscales- pretendió que la norma atendiera al art. 10 de la CE que habla del “libre desarrollo de la personalidad”, pero ni dicho artículo ni la PL actual tienen visos constitucionales en el tratamiento jurídico de las conductas eutanásicas. Estamos, pues, todavía a la espera de que las conductas eutanásicas pasen la transición política obligada por la Carta Magna que exige “el libre desarrollo de la personalidad” de acuerdo con la autonomía bien visible en el art. 10. Así la LORE tal como adelanta la PL más que una ley que reconozca un derecho será más bien una reforma del art. 143 CP en que se aceptan dos excepciones a una norma decimonónica.

Un individuo podrá ser libre para tomar la decisión de morir, pero su autonomía será papel mojado y quedará sin llevarse a cabo y, por tanto, sin recibir la correspondiente ayuda a no ser que sufra una enfermedad grave e incurable o padezca una discapacidad grave crónica en los términos establecidos en la ley. Es decir, la autonomía no se ejercitará en el campo del “libre desarrollo de la personalidad” sino cuando se den las condiciones que determina la ley y conforme a la valoración patológica de dos médicos y, en segunda instancia, de una comisión de control previo. El resto de situaciones que puedan motivar el deseo y la decisión de morir quedan excluidas y bajo el paraguas represivo del art. 143 CP. La ley, de acuerdo con el principio de autonomía, debiera ser una ley de libertad ante el morir que respete la decisión de la persona si su decisión no daña los derechos de los demás. Si la autoconciencia y la autonomía son atributos esenciales de la persona, nadie ni el Estado pueden privar al humano decidir libremente el límite de su existencia puesto que la ayuda a morir en manera alguna es un homicidio. Sin embargo, hay quienes prefieren que el Estado restrinja la libertad para evitar efectos adversos del ejercicio de la libertad y, en consecuencia, la ley que se vislumbra meramente será una concesión compasiva y no el reconocimiento de un derecho.

La autonomía: sentido y alcance ético y legal

La autonomía es una palabra temida a pesar de que para la CE es un atributo esencial de la persona y, además, es fuente y raíz de todos los derechos y libertades. Sin embargo, cuando se habla de autonomía por lo general se alude a una actuación libre de coacción y se olvida su plena dimensión de autodeterminación ética. Existe, pues, un escamoteo real de la categoría autonomía o se le rebaja su contenido para así recortar la dimensión de libertad y compromiso ético de la persona con su propia existencia. No se le deja al ciudadano sentir la propia vida en libertad, no se le permite el desarrolle con libertad de su personalidad, que haga el proyecto completo de su propia existencia incluida su fase final; no se le deja ser en todo momento -incluido el morir-, como decía Kant al definir la autonomía, ‘una voluntad autolegisladora’ (‘auto-noma’), un sujeto libre que se legisla éticamente a sí mismo para hacer posible su propia identidad. Y todo proviene del miedo al riesgo, a una prudencia que se extralimita y así siempre se alega el argumento de ‘la pendiente resbaladiza’ -o sea la excusa del riesgo del abuso o del ejercicio irracional de la autonomía-, clara manifestación del ‘paternalismo estatal’ que críticamente hay que denominar biopoder y a nivel político ‘biocracia’ estatal.

Aunque la autonomía le sea molesta para la gobernanza, el Estado no puede entrar en algo tan íntimo y tan privado como el derecho a decidir sobre la propia vida. «Tutelar la vida de los otros cuando estos han entrado en la edad adulta no es menos enfermizo que extender los cuidados que se prodigan a un recién nacido hasta su madurez. Este déficit de libertad solo es congruente en un régimen autoritario, pero resulta inaceptable en una sociedad abierta y plural. Si lo que define a la democracia es el respeto por la autonomía individual, esa no tiene por qué desaparecer en el momento donde comienza ese último quehacer que es el morir» (2). Pero el Estado no ceja en su estrategia represiva y se valdrá de la trampa jurídica de que la eutanasia es un homicidio y por ello es penalizada. Así el CP -y lo mismo hace la PL- se despreocupa de la relevancia de la voluntad suicida del individuo que desea morir, pasa de largo este núcleo de autonomía y solo se detiene en la operación médica de provocar la muerte. Así, al desligarla del proceso de deseo y decisión suicida -del que es autor el paciente- se reduce la eutanasia a una operación instrumental con intención de muerte que se categoriza como homicidio.

El maridaje que el Derecho hace de eutanasia y homicidio no deja de ser una coartada jurídica para ejercer el biopoder estatal en la sociedad. Homicidio es matar a una persona contra la voluntad de la persona. Pero, si esta persona solicita la muerte por que su vida ya no es vida, estima que no merece la pena vivirla en tales condiciones, si un médico se solidariza con su libre voluntad y le ayuda a morir con un fármaco, no le provoca la muerte contra su voluntad sino le ayuda a morir atendiendo a su petición. Por tanto, a esta muerte no le podemos poner la etiqueta de homicidio. Sin embargo, el Código Penal, sin lógica alguna, incluye esta muerte en el título primero del libro II, que trata del homicidio y sus formas. Y para colmo de la incoherencia epistémica denomina a este supuesto homicidio como ‘homicidio consentido’ en un juego absurdo y contradictorio de palabras. Con ‘ruedas cuadradas’ pocos metros haremos con un vehículo, y con la expresión ‘homicidio consentido’ –verdadera ‘rueda cuadrada’- no iremos muy lejos para una buena comprensión de la eutanasia.

Eutanasia y coexistencia de libertades

El Estado, pues, ante el ejercicio de la autonomía personal y en un escenario marcado por la actuación ética no solo tiene la obligación de respetar la autonomía y la eticidad sino tiene la obligación de crear libertad en la convivencia de los ciudadanos, no de reprimir en las relaciones de la vida de las personas. Su tarea, por tanto, es respetar lo privado, observar el desarrollo de esa convivencia, para que como indica Kant la sociedad sea una “coexistencia de libertades”. Lo mismo que el Estado no se mete en el desarrollo de los sentimientos de las personas y no regula cómo ha de ser y desarrollarse el fenómeno del querer de la vida de las parejas, de igual manera no tiene por qué normar el fenómeno del morir y de la muerte de los ciudadanos. Únicamente ha de buscar los cauces en que pueda desarrollarse en libertad sin que se violente la voluntad de nadie. Ni el Estado tiene por qué politizar sino dejar en libertad el matrimonio y los otros modos de vida de pareja, ni tiene por qué politizar la muerte. El CP en su art. 143 politiza el morir y la muerte y la PL en debate procede de la misma manera. Un Estado de derecho que a su vez quiere ser de bienestar en primer lugar ha de crear ámbitos de libertad para el desarrollo libre de las acciones privadas y en segundo lugar, si el libre fenómeno del morir ha de ser técnicamente correcto, necesita de una praxis médica asumida por el sistema de la sanidad nacional. No tiene, pues, que haber imperativos sistémicos ni condicionantes sino fomento de libertad con tal de que, como decía Stuart Mills, no se dañen los derechos y libertades de los demás. Si se politiza lo privado, se están colonizando y domesticando los espacios privados y los fenómenos que pertenecen a la autonomía privada del sujeto.


(1) Art. 143 del Código Penal:

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

(2) Narbona, Rafael, Saber Vivir. «Un alegato a favor de la eutanasia». Claves de razón práctica, n. 132, mayo 2003, p.66.

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