La democracia de los antiguos y de los modernos

Democracia es un concepto que ha recorrido sin interrupciones toda la tradición occidental. El pensamiento político antiguo y moderno ha reflexionado una y otra vez sobre ella. Además, democracia es un término esencialmente polisémico y, por lo tanto, polémico, es decir, ha generado las más diversas disputas por su sentido y alcance. Sin embargo, generalmente los filósofos de la política han sido hostiles a la democracia como forma de gobierno por, supuestamente, los males, pasiones o excesos que implicaría para la buena administración de la comunidad. Salvo excepciones —como Spinoza o Rousseau— los grandes autores del pensamiento político han mirado a la democracia con cierto recelo. Pero, ¿qué concepción tenían los antiguos y los modernos sobre aspectos centrales de la democracia como la libertad, las instituciones representativas y los liderazgos políticos?

En primer lugar está la cuestión de la libertad. En un discurso —hoy convertido en clásico— pronunciado en el Ateneo de París, en 1819, Benjamin Constant propuso algunos criterios para distinguir el estatuto de la libertad en las naciones antiguas y en las modernas. Entre ellos, el más importante estriba en la independencia individual. Concretamente, para Constant el individuo en la antigüedad «estaba como perdido en la nación» (Constant, 1988, p. 69), es decir, la libertad quedaba sujeta a la autoridad del poder social y colectivo, por lo que los individuos no tenían independencia ni autonomía individual. La autoridad colectiva impregnaba toda la vida de los individuos; estos formaban parte de un colectivo superior, y «todas las acciones privadas estaban sometidas a una severa vigilancia» (Constant, 1988, p. 68). El hombre era como una especie de esclavo en sus asuntos privados. Por el contrario, la base de la libertad de los modernos era la independencia individual y el cultivo de los intereses privados. En efecto, Constant (1988, p. 76) aseguró que «el objeto de los modernos es la seguridad de sus goces privados». Lo que quiere decir que el individuo moderno ya no estaba más sometido al poder social en su esfera privada y, por ende, encontraba su más preciado bien en la consecución de su independencia individual.

De lo expuesto se desprenden importantes consecuencias conceptuales. Entre ellas, la independencia individual impacta en la noción de derechos y garantías, el comercio, la guerra y las instituciones representativas.

Primeramente, los antiguos no contaban en su imaginario simbólico ni jurídico-político con el concepto de derechos subjetivos y garantías individuales, pues son una creación específicamente moderna. Como ha señalado el jurista alemán George Jellinek (2000), los derechos subjetivos nacieron al calor del constitucionalismo moderno del siglo xviii por el desarrollo político de las revoluciones inglesa, americana y francesa. El estatuto de derechos como la libertad de expresión, la libertad de comercio, de industria y la propiedad privada, la libertad de reunión y asociación y, sobre todo, las garantías jurídicas para proteger a los individuos de la posible arbitrariedad del poder estatal —por ejemplo, el debido proceso legal, el juez natural, etc.— son patrimonio de los modernos.

Al mismo tiempo, para Constant el libre comercio revestía una importancia fundamental en la libertad de los modernos, en tanto fortalecía la independencia individual, satisfacía las necesidades materiales y limitaba o neutralizaba el poder de la autoridad colectiva. Constant abogó fuertemente por un comercio libre y universal sin regulaciones ni coerciones estatales, pues entendió —en consonancia con el espíritu económico liberal de la época— que alimentaba el goce de los intereses privados, consolidando la independencia individual. Por aquella época, señaló Constant, el comercio era la tendencia predominante de las relaciones humanas entre los individuos, quienes buscaban la comodidad material y la satisfacción personal por medio de la producción y el intercambio de bienes y servicios.

Relacionado con el comercio está el problema de la guerra. Para los antiguos, decía Constant, la guerra era el «interés constante» (1988, p. 70), ya que era la ocupación habitual y permanente de los pueblos, en razón de que era la forma principal para adquirir y ocupar territorios, apuntalar las industrias, navegar los mares, abrir fronteras y expandir las comunicaciones. La guerra era para los antiguos la vía prioritaria para propagar el comercio. Por el contrario, en opinión de Constant, el objetivo de los modernos ya no era la guerra sino la paz, la cual justamente se basaba en los resultados materiales beneficiosos que proveía el comercio mundial entre las naciones. La guerra era demasiada costosa y perjudicial para los individuos modernos, además de que estorbaba la libertad. En este sentido, y también en sintonía con el relato de la Ilustración, Constant creía que las naciones se acercaban cada día a un mayor estado de progreso económico y paz social. Sin embargo, el relato de Constant sobre la relación entre comercio y guerra en los modernos es especialmente endeble, pues oculta los actos de explotación colonial y el imperialismo de las potencias europeas con pueblos africanos, asiáticos y latinoamericanos, y en las cuales las vías de comercio se conseguían frecuentemente por medio de la violencia.

Finalmente, Constant afirmó que los antiguos no conocieron las instituciones representativas, puesto que, en su visión, fue un descubrimiento propio de los modernos. ¿Por qué? Justamente, en las repúblicas modernas las instituciones representativas emergieron por el profundo apego a la independencia individual: como los individuos modernos se dedican permanentemente a los negocios privados, es por eso que necesitaban delegar en otros la administración de los asuntos públicos y el diseño de las leyes. En palabras de Constant (1988):

El sistema representativo es una procuración dada a un cierto número de hombres por la masa del pueblo que quiere que sus intereses sean defendidos, y que, sin embargo, no tiene siempre el tiempo ni la posibilidad de defenderlos por sí mismos (p. 89).

Así, para Constant las instituciones representativas surgen de una necesidad esencialmente práctica, utilitaria, funcional. En esta hipótesis coincidió uno de los padres de la representación política moderna y artífice intelectual del proceso revolucionario francés como lo fue el abate Sieyes, quien creía en la superioridad de las instituciones representativas porque constituían la forma de gobierno apropiada para las condiciones complejas, plurales y diversas de las sociedades modernas, en las que los individuos se ocupan sobre todo del intercambio económico. Lo que subyace en esta concepción puede asimilarse al principio de la división del trabajo, postulado por Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776): se creía que fragmentar las ocupaciones, tareas y quehaceres era beneficioso para todos, pues propendía a la especialización de las profesiones, al ahorro del tiempo, al aumento la producción y, con ello, las naciones acrecentaban su riqueza.

Ahora bien, Constant observó también que en las instituciones representativas anidaba un peligro. Básicamente, este consistía en que los individuos frecuentemente se apegaban demasiado a los intereses privados y se desentendían de los asuntos políticos, otorgando un cheque en blanco a la actuación de los representantes, quienes podrían gozar del suficiente poder sin límite alguno. Por esto, Constant consideró que era necesario que los individuos modernos ejercieran una «vigilancia activa y permanente» (1988, p. 90) sobre los representantes, es decir, los individuos debían ejercitar activamente sus derechos políticos (sufragio, libertad de opinión) y practicar un celoso cuidado de los mecanismos de control sobre las autoridades políticas (rendición de cuentas, control cruzado entre poderes, etc.).

Expuestos los principales argumentos de Constant sobre los antiguos y los modernos, resulta necesario profundizar sobre la dinámica de las instituciones representativas. Uno de los padres del constitucionalismo americano, James Madison, a diferencia de Constant, sostuvo que, en realidad, en la antigüedad —especialmente en las ciudades-Estado atenienses—, sí existían las instituciones representativas, pues al lado de la asamblea de gobierno —epicentro del modelo de democracia directa—, convivían ciudadanos elegidos como magistrados que tenían a cargo funciones de naturaleza ejecutiva (Hamilton et al., 2001). Por su parte, Bernard Manin (2006) ha mostrado que, en efecto, en Atenas se desarrollaron profusamente las magistraturas colegiadas, quienes ejercían poderes administrativos y ejecutivos, aunque ciertamente no tomaban decisiones políticas trascendentales para la sociedad (estas estaban reservadas a la asamblea de gobierno). Precisamente, las magistraturas ejecutaban las decisiones tomadas por la asamblea.

Siguiendo los análisis de Manin (2006), la diferencia decisiva del sistema representativo de los antiguos y los modernos estriba en el método de elección de las autoridades. Así, en la democracia ateniense[1] el sorteo era la herramienta central para elegir a los magistrados —lo que pretendía garantizar la igualdad en el acceso a los cargos públicos mediante la rotación periódica—, mientras que en los gobiernos representativos de los últimos siglos no se ha empleado el sorteo «para asignar el mínimo poder, fuese soberana o ejecutivo, central o local» (Manin, 2006). En efecto, salvo contadas excepciones y no para elegir cargos políticos —como por ejemplo los jurados en los juicios penales, quienes en algunos países son elegidos por sorteo—, en las democracias representativas modernas no ha existido el uso político del sorteo. Antes bien, el método fundamental para seleccionar a los representantes fue, y lo sigue siendo en la actualidad, la elección periódica por medio del sufragio y de él deriva en su totalidad la legitimidad política e institucional de los representantes. En la modernidad, entonces, podría afirmarse que el sorteo se dejó definitivamente de lado y triunfó la elección.

Por último, resulta necesario abordar el problema del liderazgo. En El Federalista, Hamilton, Madison y Jay propusieron un poder ejecutivo fuerte, «vigoroso», «enérgico» y unipersonal con el suficiente poder para gobernar la nación estadounidense (Hamilton et al., 2001, caps. LXIX y LXX). Elegido por el pueblo mediante elecciones, el período presidencial debería ser de cuatro años, y «ha de ser reelegible tantas veces como el pueblo de Estados Unidos lo considere digno de su confianza».[2] Interesa destacar aquí que la necesidad de un poder ejecutivo fuerte, razonan los autores de El Federalista, no era para nada extraña a la tradición republicana de los antiguos: el presidente otorga seguridad y protege la comunidad de los ataques exteriores; provee de estabilidad al sistema institucional; resguarda la propiedad privada; lucha contra los ataques de las facciones políticas, evita la anarquía y dirige las guerras como comandante en jefe de las fuerzas armadas. De hecho, como ha mostrado el jurista alemán Carl Schmitt (2013, pp. 74-76) siguiendo a Maquiavelo, la historia de la república romana dejó en claro que cuando ciertos individuos pretendían destruir la república, amenazar su existencia o llamar a la sedición, era necesario ampararse temporalmente —su límite era de seis meses— en la figura del dictador para resolver la crisis y proteger el orden jurídico-político. Así pues, el liderazgo del dictador era para la república romana la forma idónea para garantizar la libertad cuando las instituciones republicanas estaban en riesgo. 

Pero en el siglo xx el liderazgo presidencial se ha acentuado aún más que en el panorama político-constitucional descripto en el siglo xviii por los autores de El Federalista. En efecto, el presidente se reveló como un actor imprescindible para dar respuesta a las crisis: de la Gran Guerra europea hasta la Gran Depresión en 1929, la figura presidencial fue, por así decirlo, una «válvula de escape» para decidir y resolver en los estados de excepción. Piénsese en el caso de Alemania, lugar en que el período de la República de Weimar (1919-1933) se vivió bajo una intensa crisis institucional, violencia política por parte de partidos de extrema derecha, delincuencia callejera, desempleo, inflación y devaluación del marco (Fergusson, 2012). En este contexto, teóricos como Max Weber y Carl Schmitt remarcaron la necesidad de un presidente «plebiscitario» elegido directamente por el pueblo y no por el parlamento ━creían que el parlamento y los partidos políticos no estaban en condiciones de resolver la crisis━ y que entre otros objetivos pudiera resguardar la unidad del orden institucional, pudiendo en consecuencia decidir sobre las situaciones de excepción, en base en el artículo 48 de la Constitución de Weimar.[3]

Años después, téngase en cuenta el caso de Estados Unidos con el entonces presidente Roosevelt, quien para afrontar la Gran Depresión impulsó el denominado New Deal, vehiculizado a través de la creciente absorción de poderes por parte del poder ejecutivo y el consecuente debilitamiento de las facultades del congreso y del poder judicial (Sunstein, 2018). En simultáneo, el Congreso había transferido sendos poderes legislativos a Roosevelt por la emergencia económica y el ingreso de Estados Unidos en 1941 a la Segunda Guerra Mundial. En opinión de Julio Pinto (2002, pp. 120-121), Roosevelt fue un presidente plebiscitario, pues gobernó entre 1933 y 1945 por cuatro períodos consecutivos con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía y porque apeló «a su carisma y capacidad de convicción para enfrentar con la debida decisión política la situación de excepción».

En conclusión, entre los antiguos y los modernos existen diferencias y continuidades en torno a la concepción de la libertad, las instituciones representativas y los liderazgos políticos. Si bien autores como Constant resaltan oposiciones tajantes entre los antiguos y los modernos sobre las categorías señaladas, otros como Madison presuponen cierta continuidad en los sistemas representativos y, en especial, el papel desempeñado por el liderazgo de la primera magistratura, pues en su opinión la figura de un poder ejecutivo fuerte pertenecía a la tradición de la antigüedad, sobre todo la de la República romana. 

Referencias bibliográficas

Constant, B. (1988). «De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos.» en Del espíritu de conquista. Madrid: Tecnos, pp. 63-93.

Fergusson, A. (2012). Cuando muere el dinero. Madrid: Alianza.

Hamilton, A. et al. (2001). El federalista. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

Jellinek, G.  (2000). La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Manin, B. (2006). Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza.

Pinto, J. (2002). La evolución del concepto de presidente plebiscitario del Reich de Weber y Schmitt. En J. Pinto y J. Dotti (Comps.). Carl Schmitt: su época y su pensamiento. Buenos Aires: Eudeba, pp. 109-124.

Schmitt, C. (2013). Ensayos sobre la dictadura (1916-1932). Madrid: Tecnos.

Sunstein, C. (2018). Las cuentas pendientes del sueño americano. Porqué los derechos sociales y económicos son más necesarios que nunca. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.


[1] Pero el sorteo no se limitó a la democracia ateniense, pues a lo largo de la historia política occidental fue una técnica importante para elegir a los representantes. Por ejemplo, se practicó en la República romana y en algunas repúblicas italianas durante el Renacimiento, como Venecia y Florencia.

[2] Conviene precisar que desde 1951 el presidente de los Estados Unidos solo puede ser reelegido una sola vez.

[3] Este artículo disponía que «si la seguridad y el orden público al interior del Reich son severamente dañados o están en peligro, el presidente del Reich podrá tomar las medidas necesarias que lleven a restablecer el orden, interviniendo con la asistencia de las fuerzas armadas, de ser necesario. Para este propósito, podrá suspende temporalmente, totalmente o en parte, los derechos fundamentales proveídos en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153».


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