La democracia: ¿Por qué es valiosa?

En la actualidad, el ideal democrático goza de considerable respetabilidad. Por ejemplo, en la última serie de encuestas del World Values Survey (2017-2020) se preguntaba a ciudadanos de 51 países distintos cómo de importante era para ellos vivir en un país gobernado democráticamente. Una abrumadora mayoría de los encuestados consideraba que esto era bastante, o incluso muy, importante.[i] Esto es consistente con la serie histórica: desde hace ya un tiempo, este tipo de encuestas suelen evidenciar un respaldo mayoritario a la democracia. Por supuesto, esto no demuestra un compromiso genuino con el ideal democrático: bien podría ser que muchos de los encuestados únicamente pretendan suscribir la que consideran la “respuesta adecuada.” Pero esto, sin embargo, no haría más que probar la respetabilidad (por lo menos nominal) de la democracia. ¿Por qué si no, podríamos preguntarnos, iba a considerarse el apoyo a este sistema la respuesta por defecto? Esta actitud ha calado incluso en la retórica de regímenes claramente autoritarios, que han tratado de asegurarse una pátina de legitimidad incrustando el calificativo “democrático” en sus denominaciones oficiales: pensemos, por ejemplo, en la República Popular Democrática de Corea (es decir, Corea del Norte), la Kampuchea Democrática de los jemeres rojos, o la ya extinta República Democrática Alemana.

Desde un punto de vista histórico, sin embargo, este consenso (al menos en lo que concierne a la deseabilidad, para un sistema político, de ser considerado democrático) es bastante insólito. Durante muchos siglos, la actitud dominante (al menos entre las élites políticas e intelectuales) había sido la contraria: la democracia era vista con desdén y escepticismo, una idea absurda que asumía que los individuos (o al menos los varones blancos que cumplieran determinados requisitos económicos) eran igualmente capaces de participar en la elaboración de leyes y, en última instancia, en la gestión colectiva de los asuntos públicos. En palabras de William Hooper, uno de los firmantes de la de Declaración de Independencia estadounidense, la democracia era vista – o, más bien, temida – como “una Bestia sin cabeza […] el gobierno de la Muchedumbre.”

Ahora bien, consensos aparte, ¿por qué es valiosa la democracia? El objetivo de este artículo es proporcionar una introducción crítica al debate filosófico sobre la justificación de la democracia, como un ideal y como mecanismo de toma de decisiones. Como verá el lector, el texto no dedica un igual espacio a las diferentes posturas. Esto es deliberado, e intenta reflejar la importancia relativa que las diferentes posiciones han recibido en la discusión (dedicando más tiempo, y afilando más la navaja del análisis, con aquellas posiciones mayoritarias).

Para empezar, conviene hacer una aclaración: cuando nos preguntamos sobre el valor de la democracia, o sobre su justificación, en realidad podemos estar preguntándonos al menos tres cosas distintas.[ii] En primer lugar, podemos estar preguntándonos acerca del valor de la democracia (es decir, por qué sería deseable tener instituciones democráticas en primer lugar). Pero esto, por sí mismo, no nos diría mucho acerca de la legitimidad de la democracia como un mecanismo de toma de decisiones (es decir, por qué el hecho de que una decisión sea tomada democráticamente debería convertirla, prima facie, en una decisión legítima). Esta es la segunda pregunta. La tercera, por otra parte, hace referencia a la autoridad de la democracia (o, en otras palabras, a por qué las decisiones tomadas democráticamente son capaces de generar, prima facie, obligaciones de obediencia por parte de los ciudadanos).

Las teorías que veremos a continuación tratan de responder a estas últimas dos preguntas. La razón es sencilla: que algo (un ideal, un sistema político, un proyecto…) sea deseable no implica que tengamos el deber moral de adoptarlo, o que pueda tomar decisiones vinculantes de un modo legítimo, o que pueda generar deberes de obediencia. Por ejemplo, que los vecinos de una urbanización organicen una función de teatro veraniega puede constituir un proyecto valioso y deseable (entretendría a los niños y a los adultos, incrementaría su nivel cultural, etcétera). No obstante, este valor no otorga a la propuesta ninguna legitimidad o autoridad sustantiva (es decir, más allá de la que pueda generar el hecho de que los individuos se comprometan libremente a realizar determinadas tareas). Si uno de los vecinos decidiera no participar en el evento, estaría perfectamente en su derecho, por mucho que, en cierto sentido, un escenario en el que todos los vecinos participasen en su organización sería más deseable.

¿Dónde reside el valor de la democracia? Resumiendo un poco, podemos distinguir dos grandes teorías. De acuerdo con la primera, la democracia (su legitimidad o su autoridad) debe justificarse principalmente en términos instrumentales: es decir, en base a los resultados que, en el largo plazo, tiende a producir, y en comparación con los sistemas alternativos que podríamos adoptar de forma realista.[iii] La esencia del instrumentalismo democrático queda bien reflejada en una famosa frase de Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno, si exceptuamos todos los demás sistemas que han sido puestos a prueba.” De acuerdo con la segunda, la democracia debe justificarse principalmente en términos no instrumentales: es decir, apelando al valor de sus procedimientos, con independencia de los resultados que produzcan. Por esta razón, es habitual denominar este enfoque procedimentalismo democrático.[iv]

Comencemos por el instrumentalismo democrático. En su formulación más general, este viene a afirmar que la democracia debe justificarse apelando a sus resultados. El atractivo intuitivo de esta postura se muestra cuando echamos un vistazo a los aparentes beneficios tener instituciones democráticas. Para empezar, la democracia ofrece un mecanismo para elegir y cambiar gobiernos sin que se produzca derramamiento de sangre (pues contiene reglas claras y públicamente accesibles para regular la transferencia de poder – lo que permite coordinarse mejor a los diferentes agentes políticos, evitando con ello el surgimiento de problemas de acción colectiva –, así como la garantía de que el sistema no está amañado para excluir a ningún candidato en concreto – lo que, dados los costes de recurrir a la revolución o provocar una guerra civil, genera incentivos para que los candidatos decidan probar suerte en el juego democrático).[v] Por otra parte, otros autores han sostenido también que la democracia reduce sustancialmente el riesgo de hambrunas[vi] y de violaciones masivas de derechos humanos,[vii] que genera crecimiento económico,[viii] o que tiende a asegurar mayores niveles de libertad individual.[ix] Intuitivamente, parece razonable pensar que estos efectos de la democracia (asumamos por el momento que realmente lo son) tienen un efecto sobre su valor: no sólo en el sentido en que incrementan su valor en el mundo actual, sino también en el sentido de que, en un mundo en que la democracia no contribuyera a producir estos resultados (o, peor aún, que tendiera a producir los efectos contrarios), su valor se vería seriamente disminuido.

En la base del instrumentalismo político se encuentra la idea de que nadie puede tener un derecho fundamental a gobernar sobre otros (lo que parece que, independientemente de cómo la definamos, implica la democracia). Este sólo podría adquirirse condicionalmente i) si obtenemos el consentimiento de los implicados, o ii) si controlar las acciones de otros resultara esencial para garantizar el cumplimiento de deberes morales especialmente urgentes. Para el instrumentalista, la legitimidad o la autoridad de la democracia debe justificarse principalmente a través de la segunda condición – puesto que, excepto en casos de inmigración voluntaria, la gente no consiente a vivir en una democracia: simplemente nace en ella. Si el socavamiento de las instituciones democráticas podría comportar, por ejemplo un incremento del riesgo de violencia política, de hambrunas, o de violaciones masivas de los derechos humanos, parece razonable afirmar que tenemos un deber de contribuir a su mantenimiento. El coste de este deber, no obstante, sería el de otorgar a otros el poder de decidir sobre nuestras vidas (al menos sobre determinados ámbitos, y hasta un cierto punto).

Según el procedimentalista democrático, el instrumentalismo se enfrenta al menos a dos problemas, que podrían evitarse apelando al valor intrínseco de sus procedimientos. En primer lugar, el instrumentalismo democrático desatendería completamente la importancia (y la frecuencia) de los desacuerdos morales y políticos. ¿Por qué? Pues porque ancla la legitimidad y la autoridad de la democracia en consideraciones morales, y en las sociedades complejas los ciudadanos albergan profundos desacuerdos acerca de este tipo de cuestiones. Un influyente defensor del procedimentalismo, Jeremy Waldron, ha llegado incluso a defender que los desacuerdos (profundos y en muchos casos imposibles de eliminar) constituyen una de las circunstancias constitutivas de la política.[x] Ahora bien, ¿es cierto que el instrumentalista, al hacer depender el valor de la democracia de criterios morales independientes – de los procedimientos democráticos, esto es – está necesariamente desatendiendo la importancia de los desacuerdos?

En primer lugar, la existencia de desacuerdos genera al menos tres problemas distintos. Uno es de carácter práctico: allí donde la gente discrepa sobre cuestiones morales fundamentales, resulta poco aconsejable apelar a ellas para tomar decisiones políticas (pues esto puede disminuir la probabilidad de implementarlas de un modo exitoso). Otro es de carácter epistémico: si existe desacuerdo sobre ciertas cuestiones normativas, parece adecuado evitar (en la medida de lo posible) hacer depender de ellas la justificación de un ideal o sistema político.  Un último problema es de carácter moral: si un ciudadano puede razonablemente discrepar de un determinado principio moral, parece objetable imponer sobre este ciudadano una decisión que descanse precisamente sobre este principio. Esta última tesis se apoya en la idea de que la justificación de las decisiones políticas debe poder expresarse en términos que resulten aceptables a todos aquellos sobre quienes se imponen (siempre que estos sean individuos razonables). Al evitar hacer depender la justificación de la democracia sobre criterios de corrección independientes de los procedimientos democráticos (objeto de desacuerdo entre ciudadanos razonables), el procedimentalismo se ahorraría supuestamente estos problemas, y atendería por ello más adecuadamente a la importancia de los desacuerdos.

A mi juicio, esta objeción es cuestionable. Al problema práctico del desacuerdo, el instrumentalista puede responder sosteniendo que esto nos daría precisamente razones instrumentales para evitar apelar innecesariamente a consideraciones morales controvertidas. Al fin y al cabo, el apoyo del instrumentalista a un sistema político en particular dependerá de su habilidad para promover exitosamente unos fines determinados. Si diseñar un sistema político que busque directamente esos fines (y que apele directamente a ellos) dificulta su consecución, el instrumentalista simplemente concluirá que ese diseño no es el adecuado. En otras palabras, que es mejor dar un paso atrás, para poder dar dos pasos adelante. Tomando una distinción de la filosofía moral, el instrumentalismo ofrece un criterio de corrección, pero no implica un método de toma de decisiones concreto.

Al problema epistémico, el instrumentalista puede responder de tres maneras. En primer lugar, no es obvio hasta qué punto dicho enfoque exige apelar a tesis excesivamente controvertidas. Que la ausencia de hambrunas o la reducción de la violencia política y la violación masiva de derechos humanos son fines deseables no suscita excesiva controversia (y aun cuando lo hace el desacuerdo resultante no parece razonable). En segundo lugar, no todas las variantes del instrumentalismo apelan directamente a tesis morales concretas; el llamado instrumentalismo epistémico, por ejemplo, apela a la habilidad superior de los procedimientos democráticos para dar con la respuesta correcta a los problemas políticos (independientemente de si, aquí y ahora, desconocemos cuál es la respuesta).[xi] En tercer lugar, no está nada claro que el propio procedimentalismo escape a esta crítica: como demuestra la amplia literatura al respecto, las apelaciones al valor intrínseco de la democracia no generan menos controversias que las apelaciones a criterios independientes de corrección moral. Por un lado, porque existe desacuerdo (como este artículo atestigua) sobre el peso relativo de las consideraciones instrumentales y procedimentales en la justificación de la democracia. Por otro lado, porque existen discrepancias sobre la mejor manera de entender dicho valor intrínseco (para algunos se vincula a la autonomía, para otros a la igualdad…).

Este último problema también sirve para poner en tela de juicio que el procedimentalismo esté necesariamente mejor situado que el instrumentalismo para lidiar con el problema moral del desacuerdo. Incluso si asumimos que las decisiones legítimas deben poder justificarse apelando a consideraciones potencialmente aceptables por todos los ciudadanos razonables, no es nada obvio que el procedimentalismo (en general) pueda esquivar este problema. En la medida en que el instrumentalismo (incluso si, en última instancia, estuviera equivocado) puede ser adoptado y defendido por individuos razonables, la justificación procedimental de la democracia podría resultar objetable para estos individuos. A no ser que estemos dispuestos a estipular que las consideraciones procedimientales no son razonablemente objetables (lo que parecería enmascarar una noción demasiado controvertida, y singularmente sospechosa, de racionabilidad), el problema moral del desacuerdo no es, al menos a primera vista, menos grave para el instrumentalista que para el procedimentalista.

El segundo problema con el que, de acuerdo con los procedimentalistas, se enfrenta el instrumentalismo es el siguiente. Intuitivamente, parece que una manera de testear la adecuación de una justificación de la democracia es comprobando su capacidad para impugnar la retirada arbitraria del derecho a voto a un individuo que anteriormente lo poseyera. Si una teoría es incapaz de explicar por qué esto sería objetable, entonces es una teoría inadecuada: básicamente, porque no sería una justificación de la democracia como tal (si asumimos que una condición necesaria de la democracia, en cualquier acepción plausible, es que nadie puede ser desprovisto del derecho a voto arbitrariamente).

¿Pasan las teorías instrumentalistas este test? A mi juicio, no está claro. Supongamos que un sistema político instaurara un sistema mediante el cual se retirara el derecho a voto a un ciudadano de manera aleatoria. Asumamos, además, que esta operación sólo se ejecutara una vez. Esta parecería, claramente, una propuesta antidemocrática que una teoría de la democracia, en cuanto tal, debería ser capaz impugnar. Sin embargo, no es obvio cómo el instrumentalismo podría hacer algo así. Una posible respuesta es la siguiente: una iniciativa de este tipo, podría argumentarse, socavaría las bases de la confianza social, poniendo en jaque la estabilidad del orden político (y, por extensión, de los beneficios de las instituciones democráticas). Esta, claro, es una cuestión empírica. Pero si nos fijamos en el número de democracias que limitan los derechos políticos de sus ciudadanos (por ejemplo, quienes cometen delitos de una cierta magnitud en el Reino Unido o en Estados Unidos), puede observarse que el orden político es bastante robusto. Su integridad no parece verse amenazada por estas restricciones, pese a que muchos ciudadanos se oponen a ellas y las consideran arbitrarias. Por lo tanto, sostener que cualquier iniciativa antidemocrática (por muy aislada que sea) pondría necesariamente en riesgo los beneficios de un sistema democrático parece exigir un salto de fe demasiado grande – aunque, por supuesto, bien podría ser el caso; al fin y al cabo, la realidad tiene la molesta manía de mostrarse obstinadamente reacia a confirmar nuestros prejuicios.[xii]

Respecto a este punto concreto, es probable que el procedimentalismo esté mejor posicionado que el instrumentalismo. Tomemos, por ejemplo, la propuesta defendida por el filósofo Niko Kolodny. Según Kolodny, el valor intrínseco de los procedimientos democráticos reside en la necesidad de recurrir a ellos para garantizar un cierto nivel de igualdad social (es decir, una situación en la que nadie ostente un estatus social superior a otro, medido en términos de poder, autoridad o consideración).[xiii] Si el ideal de igualdad social, tal y como lo entiende Kolodny, es efectivamente valioso, entonces parece bastante plausible concluir que un sistema democrático (en el que el poder político se distribuye de un modo igualitario) nos permite alcanzarlo hasta cierto punto. Y, lo que es más importante para nosotros, nos permite explicar por qué retirar arbitrariamente el derecho a voto aunque sea a un ciudadano, y aunque sea mediante una iniciativa totalmente temporal, sería objetable: básicamente, porque violaría la igualdad social de los individuos. A diferencia de las teorías instrumentalistas, el procedimentalismo ofrece un enfoque micro, lo que le permite afrontar con mayor facilidad este tipo de cuestiones.

Actualmente, la mayoría de filósofos políticos considera que ambos enfoques contienen un elemento de verdad. Siguiendo a los instrumentalistas, consideran que los efectos de un sistema político (sobre todo si son afectan a cosas tan importantes como la probabilidad de una hambruna o la frecuencia de las violaciones masivas de derechos humanos) inciden en su valor. En parte, se asume, un sistema político es legítimo (o goza de autoridad) porque tiende a producir buenos resultados, y vería disminuidas estas propiedades si no lo hiciera. Al mismo tiempo, sin embargo, coinciden con los procedimentalistas en que el instrumentalismo es insuficiente (entre otras cosas, porque es incapaz de justificar elementos de la democracia que muchos consideran que cualquier teoría política aceptable debe ser capaz de reivindicar). En este artículo he tratado de presentar algunas de las motivaciones y problemas principales de ambos enfoques. Si la respetabilidad de que goza el ideal democrático en la actualidad está justificada o no (y, de ser así, cuál es la mejor manera de justificarlo) es algo sobre lo que el lector debe formarse su propio juicio.                                             


Imagen: Unseen Histories / @unseenhistories

[i] Haerpfer, Christian; Inglehart, Ronald; Moreno, Alejandro; Welzel, Christian; Kizilova, Kseniya; Diez-Medrano, Javier; Lagos, Marta; Norris, Pippa; Ponarin, Eduard y Bi Puranen et al. (eds.). 2020. World Values Survey: Round Seven – Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi.org/10.14281/18241.13

[ii] Kolodny, Niko. 2014. Rule Over None II: Social Equality and the Justification of Democracy. Philosophy & Public Affairs 42(4), p. 290.

[iii] Una defensa del instrumentalismo democrático puede encontrarse en Van Parijs, Philippe. 1996. Justice and Democracy: Are they Incompatible? Journal of Political Philosophy 4(2): 101-117; Arneson, Richard. 2004. Democracy is not intrinsically just, en Dowding, Keith; Goodin, E. Robert y Carole Pateman (eds.). Justice and Democracy. Essays for Brian Barry. Cambridge: Cambridge University Press, p. 40-58;  Wall, Steven. 2007. Democracy and Equality. Philosophical Quarterly 228(57): 416-438; Brennan, Jason. 2016. Against Democracy. Princeton: Princeton University Press.

[iv] Véase, por ejemplo, Waldron, Jeremy. 1999. Law and Disagreement. Oxford: Oxford University Press; Christiano, Thomas. 2008. The Constitution of Equality. Oxford: Oxford University Press; Lafont, Cristina. 2019. Democracy without Shortcuts. A Participatory Conception of Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press.

[v] Przeworski, Adam. 1999. A Minimalist Conception of Democracy: A Defense, en Shapiro, Ian y Casiano Hacker-Cordon (eds.). Democracy’s Value. Cambridge: Cambridge University Press, 23-55.

[vi] Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Alfred Knopf.

[vii] Davenport, Christian y David Armstrong. 2004. Democracy and the Violation of Human Rights. A  Statistical Analysis from 1976 to 1996. American Journal of Political Science 48(3): 538-554; Easterly, William; Gatti, Roberta y Sergio Kurlat. 2006. Development, Democracy, and Mass Killings. CEPR Discussion Paper No. 5715.

[viii] Acemoglu, Daron; Naidu, Suresh; Restrepo, Pascual y James A. Robinson. 2019. Democracy Does Cause Growth. Journal of Political Economy 127(1): 47-100.

[ix] Brennan, Jason. 2018. Democracy and Freedom, en Schmidtz, David y Carmen Pavel (eds.).  The Oxford Handbook of Freedom. Oxford: Oxford University Press, pp. 335-349.

[x] Waldron 1999.

[xi] Sobre la concepción epistémica de la democracia, véase https://epoje.es/el-problema-de-la-incompetencia-politica-v-democracia-epistemica-parte-i/ .

[xii] Por supuesto, este es sólo un contraejemplo para quienes consideran que la restricción de derechos políticos a los presos es arbitraria. Dada que esta es la posición mayoritaria entre filósofos políticos y teóricos de la democracia, no creo que esta limitación del argumento le reste excesiva fuerza.

[xiii] Kolodny 2014, 295-296.

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