La representación política de las generaciones futuras (I): ¿Por qué?

Supongamos, como defendí en el artículo anterior (y, como de hecho la mayoría de nosotros probablemente acepta), que las generaciones futuras importan moralmente. ¿Qué debemos hacer a continuación? Intuitivamente, parece que la respuesta debería consistir en cumplir cualesquiera que sean nuestros deberes de justicia frente a la posteridad. Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. En primer lugar, quienes discuten sobre justicia intergeneracional no han llegado a un acuerdo acerca de cuáles son exactamente nuestras obligaciones hacia las generaciones futuras. Así, por ejemplo, para John Rawls, uno de los filósofos políticos más influyentes del siglo XX, deberíamos aplicar un principio de “ahorro justo” (just savings), que nos exigiría, en primer lugar, garantizar que las generaciones futuras no caigan por debajo de un umbral de justicia mínimo, y que más adelante, cuando el desarrollo social y económico lo permita, también comportaría la obligación de dejar a las generaciones futuras por lo menos el equivalente de lo que nosotros hemos recibido de las generaciones anteriores. Esta teoría contiene un elemento suficientarista, que impone asegurar que las generaciones futuras tengan suficiente, y un elemento igualitarista, que requiere garantizar que estas reciban por lo menos lo mismo que nosotros recibimos de nuestros predecesores. Otros autores, no obstante, rechazan este enfoque, proponiendo adoptar únicamente un principio de suficiencia o de igualdad.[i]

Pero incluso si superáramos este primer obstáculo, nos toparíamos en seguida con dos problemas adiciones. Por un lado, muchos autores consideran que las exigencias de la justicia no pueden imponerse de cualquier manera, sino que deben ser el resultado de un procedimiento legítimo de toma de decisiones (idealmente, consideran estos autores, este debería ser un procedimiento democrático). Las decisiones de un déspota ilustrado, aunque garantizaran el cumplimiento de nuestros deberes de justicia frente a la posteridad, no serían legítimas. Por otro lado, se encuentra el principio básico según el cual el hecho de que debamos hacer X no nos dice nada acerca de cuál es el mejor mecanismo para implementar X de un modo efectivo. Una cosa son nuestras obligaciones de justicia (el ámbito de la ética y la filosofía política normativa), y otra muy distinta los instrumentos institucionales que debamos emplear para cumplirlas (esto correspondería a la provincia del diseño institucional). Cuando discutimos acerca de cuáles son nuestros deberes de justicia, o sobre cuáles son nuestras obligaciones morales, podemos abstraernos relativamente de las circunstancias concretas del mundo real, pero este es un lujo que no nos podemos permitir cuándo lo que discutimos es cómo cumplir estas obligaciones aquí y ahora, siendo el mundo como es y los humanos como somos.

Estas últimas dos razones han llevado a muchos autores a sostener que es esencial no desatender el aspecto institucional de la discusión sobre las generaciones futuras: cualesquiera que sean nuestros deberes hacia ellas, debemos también prestar atención al modo en que estas obligaciones pueden realizarse. Esto último, evidentemente, exige que nuestras propuestas estén informadas por las teorías y los debates de las ciencias sociales. De hecho, la discusión sobre la justicia intergeneracional en general (y sobre su institucionalización en particular) ha contado con la participación, no sólo de filósofos, sino también de economistas, politólogos y sociólogos, entre otros.

En este artículo (y los que le seguirán) analizaremos una propuesta concreta: la representación política de los intereses de las generaciones futuras.[ii] Esta idea se asienta sobre la intuición de que nuestras instituciones representativas no prestan suficiente atención a las generaciones futuras, lo que dificulta que, con independencia de cuales sean nuestras obligaciones hacia ellas, estas vayan a cumplirse.

La cuestión de la representación política de las generaciones futuras puede abordarse desde distintos ángulos. Para empezar, uno puede preguntarse si tiene sentido decir que las generaciones futuras pueden ser representadas políticamente. Al fin y al cabo, esto implicaría que hay individuos que pueden ser representados incluso si son constitutivamente incapaces de autorizar a sus representantes, algo que no todo el mundo acepta. Por otro lado, uno podría preguntarse por las razones normativas para representar a las generaciones futuras. Estas son cuestiones filosóficas, que pueden abordarse desde un enfoque abstracto (aunque tal vez con ciertas limitaciones). Otra cuestión importante, y con un importante componente empírico, tiene que ver con la naturaleza del problema: ¿Por qué nuestras instituciones políticas desatienden los intereses de las generaciones futuras? ¿Cuáles son, en otras palabras, las causas de esta insuficiente consideración de la posteridad? Y luego, por supuesto, se encuentra la pregunta del millón: ¿Qué mecanismos institucionales concretos podrían servir para representar a las generaciones futuras? Aunque todas ellas son sin duda cuestiones importantes, nuestra discusión tratará sobre las tres últimas. En este artículo en concreto, me centraré en las dos primeras (la cuestión de la justificación y la cuestión de las causas y la naturaleza del problema).

¿Por qué deberíamos representar políticamente a las generaciones futuras? ¿Cuáles son los principales argumentos normativos a favor de una propuesta de este tipo?[iii] Una posible respuesta ya ha sido insinuada con anterioridad: de acuerdo con una postura instrumentalista, la representación política de los intereses de las generaciones futuras facilitaría el cumplimiento efectivo de nuestros deberes hacia las generaciones futuras (en otras palabras, la realización de la justicia entre generaciones). Aunque, obviamente, el argumento es más complejo, su estructura básica podría resumirse así: en las sociedades democráticas, las decisiones políticas se toman a través de complejos procesos de toma de decisiones mediados, en mayor o menor medida, por instituciones representativas. Esto es así porque necesitamos mecanismos de acción colectiva que nos permitan coordinarnos y lograr lo que, de manera individual, ninguno de nosotros sería capaz de hacer (lo que incluye, entre otras cosas, el cumplimiento de nuestros deberes de justicia intergeneracional). Ahora bien, si las instituciones representativas carecen de mecanismos que las inciten a tener en cuenta a las generaciones futuras, es esperable que sus decisiones tampoco presenten suficiente atención al bienestar de la posteridad. Después de todo, si uno no aparece en la orla de fin de curso, ¿quién va a acordarse de invitarle a las reuniones de antiguos alumnos? El cumplimiento de nuestros deberes para con la posteridad parecería depender, por lo tanto, de que esta esté adecuadamente representada en los procesos de toma de decisiones en las instituciones representativas relevantes.

Otro argumento que a menudo se defiende se basa en el llamado Principio de todos los afectados, de acuerdo con el cual aquellos individuos cuyos intereses sean (o es probable que sean) afectados por una decisión política, deberían poder participar en la toma de esa decisión, o por lo menos estar representados formalmente en el proceso. Pues bien, parece claro que los intereses de las generaciones futuras dependen de un modo relevante de qué decisiones se tomen actualmente. Qué estrategias de prevención y mitigación del cambio climático se adopten, por ejemplo, influirá en los niveles de bienestar que podrán gozar aquellos que más vulnerables sean a sus efectos. Si el Principio de todos los afectados es válido, las generaciones futuras deberían estar representadas en la toma de decisiones políticas (por lo menos en todas aquellas decisiones que previsiblemente tengan un impacto notorio sobre sus intereses).

A pocos sorprenderá escuchar que ninguna de estas estrategias está exenta de controversia. Empezando por la última, no todo el mundo acepta el Principio de todos los afectados. Algunos consideran, por ejemplo, que la propiedad relevante no es ser afectado por una decisión política, sino estar sujeto a un ordenamiento jurídico, o al poder coactivo de un estado.[iv] La primera, por el otro lado, depende de asunciones empíricas que, por razonables que puedan sonar, podrían acabar chocándose con el frío muro de la realidad.

Pasemos ahora a la segunda pregunta: ¿Por qué deberíamos creer que nuestras instituciones representativas actuales no prestan suficiente atención a los intereses de las generaciones futuras? Esta pregunta es importante por dos razones. Primero, porque si realmente no hay ningún problema no hay nada que solucionar. Y segundo, porque si hay un problema, nos conviene conocer sus causas con el mayor detalle posible (hablar de “desatender intereses” no deja de ser, desde un punto de vista analítico, una descripción algo vaga). Quienes han estudiado este problema suelen sostener que los sistemas políticos adolecen de un sesgo “presentista”[v] o “cortoplacista”,[vi] cuyas causas son múltiples y enormemente complejas.

Muchas de estas causas no tienen por qué ser intrínsecas al sistema representativo (o a las instituciones políticas en general), sino que derivarían también de las actitudes y propensiones de los individuos. La lógica es la siguiente: si los votantes desarrollan preferencias cortoplacistas, en la medida en que los sistemas representativos respondan a estas preferencias, es probable que acaben amplificándolas (o, como mínimo, facilitándoles un entramado institucional previamente inexistente).[vii] Veamos un ejemplo: en general, parece existir cierta evidencia de que los ciudadanos otorgan un mayor valor a los beneficios de una política concreta en el presente que en el futuro. Esto es lo que se conoce como descuento temporal (temporal discounting), un fenómeno que casi seguro resultará familiar para el lector: muchas veces preferimos disfrutar de un beneficio inmediato que de otro beneficio mayor dentro de un año. Esto puede suceder porque valoramos en sí mismo el hecho de recibir un beneficio inmediato, o por otra serie de razones (por ejemplo, porque cuánto más distante sea el horizonte temporal en el que supuestamente se disfrute del beneficio prometido, más incierto será que llegue a disfrutarse).[viii] Los científicos políticos Alan Jacobs y J. Scott Matthews[ix] han defendido que el tipo de descuento temporal que opera en el caso de las generaciones futuras es de esta segunda clase: a su juicio, los ciudadanos tienden a descontar el futuro no porque valoren en sí mismos los beneficios inmediatos (es decir, por el mero hecho de recibirlos aquí y ahora), sino porque cuanto más lejano es el horizonte temporal relevante, mayor es su incertidumbre con respecto a la eficacia de las medidas políticas en cuestión. En todo caso, esto no afectaría al punto central: si los individuos tienden a descontar el valor de los beneficios en el futuro, en la medida en que los sistemas representativos sean sensibles a esta clase de preferencias, esta tendencia acabará extendiéndose a la propia acción de las instituciones políticas.

Otra posible fuente de cortoplacismo proviene de cómo los votantes evaluamos a nuestros líderes. Según algunos autores, cuando los ciudadanos evaluamos la actuación de los políticos, tendemos a valorar, de un modo desproporcionado, cómo van las cosas justo antes de la celebración de las elecciones.[x] Esta suerte de miopía genera en los políticos deseosos de ser reelegidos incentivos para tomar medidas que mejoren la situación económica de un modo claramente visible en el periodo inmediato a las elecciones, incluso si esta mejora es sólo aparente y no hace más que trasladar los costes al futuro (donde, o bien podrán repetir de nuevo la estrategia, o habrá pasado el tiempo suficiente como para que los votantes futuros – que sí sufrirán las consecuencias negativas – tengan algún tipo de influencia electoral). En este caso, el sesgo cortoplacista de las instituciones se ve espoleado por la existencia de un desajuste entre las consideraciones relevantes para el ciclo electoral y las consideraciones relevantes para tomarse en serio los intereses y el bienestar de la posteridad (que, obviamente, van más allá de los meses previos a unas elecciones).

Acabaremos este artículo mencionando un par de causas adicionales. La primera es bastante sencilla: la influencia de los grupos de interés organizados.[xi] Claramente, existen colectivos cuyos intereses económicos se verían resentidos de adoptarse determinadas medidas supuestamente beneficiosas en el largo plazo. Por ejemplo, la inversión en energías renovables reduce el poder y la influencia del sector de las energías no renovables, que adquieren (y a menudo ejercen) incentivos para influir en la toma de decisiones políticas. Esta influencia no tiene por qué traducirse en sobornos o en actos de corrupción, sino que pueden consistir, por ejemplo, en algo tan sencillo como financiar las campañas electorales de los candidatos más favorables a políticas cortoplacistas, sobre todo en aquellos sistemas políticos donde este tipo de ayudas están sujetas a una menor regulación.

Una última fuente de cortoplacismo deriva de la compleja logística institucional necesaria para tomar medidas orientadas al largo plazo. Una decisión política con efectos inmediatos requiere una capacidad institucional comparativamente más sencilla: lo que necesitamos es que pueda implementarse de un modo efectivo aquí y ahora. Ahora bien, las medidas cuyos efectos sólo se notarán en el largo plazo exigen que la acción colectiva se mantenga durante largos periodos de tiempo. Esto complica las cosas: cuantos más eslabones tenga una cadena, más probable es que se rompa uno de los eslabones. Regalarle a mi hijo una bicicleta es relativamente sencillo; regalársela a mi tataranieto, no tanto, pues hay muchas cosas que podrían fallar en el camino. Las políticas a largo plazo necesitan, como mínimo, no ser abandonadas a medio camino. Es decir, necesitan sobrevivir a los muchos incentivos en sentido contrario que podrán tener los muchos agentes involucrados en el proceso. Además, para cada uno de estos agentes puede resultar complicado señalar a sus sucesores su compromiso de un modo que resulte creíble. Todo esto hace que las medidas con horizontes temporales lejanos sean mucho más frágiles que aquellas que se dirimirán en el corto plazo, lo que, por un lado, aumenta la incertidumbre de los ciudadanos, y, por el otro, hace que estas propuestas se vuelvan menos atractivas para los representantes políticos con la capacidad de ponerlas en marcha.

La anterior no es, por supuesto, una lista exhaustiva de los determinantes (individuales e institucionales) del cortoplacismo. Pero sí presenta algunos de los sospechosos habituales en este tipo de discusiones. Aunque podrá debatirse cuál es su alcance real, parece difícil de negar que nuestras instituciones políticas sí exhiben un cierto sesgo cortoplacista (o, como mínimo, que son vulnerables a los determinantes del cortoplacismo). Si las generaciones futuras importan, tenemos razones para intentar aliviar estos sesgos en la medida en que sea posible. Como hemos visto al principio, algunos autores consideran que representar políticamente los intereses de las generaciones futuras podría contribuir a ello. En los siguientes textos, veremos con algo más de detalle en qué consiste esta propuesta.


Referencias

[i] La teoría de Rawls está expuesta en su libro A Theory of Justice (Edición revisada de 1999). Cambridge, MA: Belknap Press, pp. 251-258. Para una guía útil de las diferentes posiciones, véase Santos Campos, Andre. 2018. Intergenerational Justice Today. Philosophy Compass 13(3): 1-12.

[ii] Véase, por ejemplo, los artículos recogidos en González-Ricoy, Iñigo y Axel Gosseries. 2016. Institutions for Future Generations. Nueva York: Oxford University Press. El análisis más exhaustivo que conozco se encuentra en Boston, Jonathan. 2017. Governing for the Future. Bingley: Emerald Publishing. Una útil y breve introducción al debate puede encontrarse en González-Ricoy, Iñigo y Felipe Rey. 2019. Enfranchising the future: Climate justice and the representation of future generations. WIREs Climate Change 10(5), disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/wcc.598.

[iii] González-Ricoy y Rey 2019, 2-3.

[iv] Para un resumen del debate, véase: https://www.revistalibertalia.com/serie-problema-del-demos.

[v] Boston 2017.

[vi] MacKenzie, Michael. Institutional Design and Sources of Short-Termism, en González-Ricoy y Gosseries 2016. Véase también Thompson, Dennis. 2010. Representing future generations: political presentism and democratic trusteeship. Critical Review of International and Political Philosophy 13(1): 17-37.

[vii] MacKenzie 2016, 26-27; Boston 2017, capítulo 3.

[viii] Algunos autores proponen hablar de preferencia temporal en casos como el primero, donde sí hay una preferencia explicita (no mediada por consideraciones de incertidumbre o similares) por recibir una recompensa o beneficio de forma inmediata. Véase, por ejemplo, Shane, Frederick et al. 2002. Time Discounting and Time Preference: A Critical Review. Journal of Economic Literature 40(2): 351-401.

[ix] Jacobs, Alan y J. Scott Matthews. 2012. Why Do Citizens Discount the Future? Public Opinion and the Timing of Policy Consequences. British Journal of Political Science 42: 903-935.

[x] Achen, Christopher y Larry Bartels. 2016. Democracy for Realists. Princeton: Princeton University Press.

[xi] MacKenzie 2016, 28-29.

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