Los caciques electorales del siglo XIX

Hubo un momento en nuestra historia en el que se invertía la lógica democrática actual. De las urnas no salía el partido vencedor y a la postre siguiente gobernante, sino que este nacía en los pactos políticos que se realizaban en Madrid, de forma que las urnas se organizaban para que ganase de forma amplia. El mundo al revés.

Sistema político del siglo xix

Todo esto se comprende si comprendemos, a su vez, la política del siglo xix. Los cambios de gobierno, cuando implicaba cambio de partido, no se llevaban a cabo mediante unas elecciones sino por la decisión de la corona, a veces, más de las deseadas, forzada violentamente. Los grupos políticos, unas veces con la presión de las armas, otras con la algarada callejera en las ciudades, actuaban sobre la corona logrando muchas veces el encargo de formar gobierno, lo que conllevaba la posibilidad de manipular la elección. Las elecciones, cuando las había, se limitaban a sancionar fraudulentamente lo que de modo previo habían decidido los detentadores del poder.

Recordemos que el sistema político español del siglo xix estuvo marcado por el intervencionismo militar, los pronunciamientos estuvieron al orden del día y los espadones gozaron de relevante protagonismo, especialmente en el reinado de Isabel II. En el periodo de su reinado, de 1833 a 1868, hubo 22 elecciones generales.

Itinerario constitucional

Otra de las características del siglo fue la proliferación de constituciones, así tuvimos la de 1812 La Pepa; en 1837 la del Trienio Moderado; la de 1845 en la denominada Década Moderada cuando se iniciaba el régimen de los generales; la de 1869 tras la revolución de la Gloriosa; y en 1876 con la Restauración. Cada una catalogada como conservadora o progresista en función de los partidos que estuvieran en el poder en cada momento. Sin olvidar la «non nata» de 1856 y la republicana de 1873 que no vio la luz.

Este itinerario constitucional va marcando una ligera evolución hacia una representación más auténtica y una mayor participación popular. El principio de sufragio universal fue abriéndose paso y se fue imponiendo como objetivo inevitable, desplazando al sufragio censitario. Un sufragio universal vigente en el Sexenio y que volvería de la mano de Sagasta en 1890. Eso sí, sin acceso al voto para las mujeres y estableciendo la edad del voto a los 25 años.

La gloriosa

Fue posiblemente una revolución como la comentada de 1868, la Gloriosa, la que abrió un periodo de, llamémosle, experimentos frutados, como la llegada de una dinastía extranjera para la corona o el paso de una república, que sirvieron para poner los cimientos de un orden constitucional basado en el pacto, la moderación, el cambio pacífico de gobierno, con el turnismo, y, con el tiempo, las reformas democratizantes. Llegamos a la Restauración.

Sistema político de la restauración

Para que el sistema político de la Restauración funcionara correctamente, era necesaria la existencia de, al menos, dos formaciones políticas fuertes capaces de alternarse en el poder, de pactar los rumbos políticos más convenientes y de acoger las fuerzas sociales que apoyaran al régimen. Estas dos formaciones fueron las lideradas por el conservador Antonio Cánovas del Castillo y por el liberal Mateo Práxedes Sagasta. Se buscaba la estabilidad social, política y económica, era un sistema imperfecto, pero mejor que los pronunciamientos y guerras civiles que jalonaron gran parte del siglo xix. Pero necesitaron de alguna ayuda «extra» como veremos. Porque entre el pueblo no había sensibilidad democrática y poco o ningún interés en votar, entre otras cosas por falta de información precisa. El ratio de abstención no bajaba del 60 % en el mejor de los casos. Hablamos de una España rural donde la última de las preocupaciones era la política. Cuestión muy diferente a las grandes capitales, donde si había una relativa vida política, especialmente en Madrid.

Los resultados de las urnas no respondían a la libre voluntad de los electores. Era el propio gobierno, previo acuerdo con los responsables de las otras formaciones políticas, y en concordancia con unos notables rurales, locales o provinciales, quien diseñaba los resultados que se conseguirían en las elecciones, según se consideraba lo más conveniente para la gobernabilidad del país. De esta forma los resultados se manipulaban, adecuaban y adulteraban para tal fin. Se popularizó el conocido «pucherazo» en el recuento de votos. El término viene del recipiente en el que se ocultaban las papeletas. O la nueva «técnica» de encontrarnos fallecidos que resucitaban puntualmente para votar y, claro, lo hacían en favor del candidato establecido.

El cacique

Pero en realidad, la ayuda «extra» que anunciábamos en párrafos anteriores era la del cacique, figura fundamental para el funcionamiento del sistema político de la Restauración, quien controlaba el comportamiento electoral de su circunscripción y, gracias al cual, se podía asegurar los votos necesarios para alcanzar los resultados electorales pactados por los partidos. Era la bisagra entre una población rural desmovilizada y analfabeta y una estructura administrativa lejana y opaca. No dejaba de representar el poder. Era la palanca que movía voluntades y votos al servicio de una determinada causa, élite local, comarcal o provincial, terratenientes, grandes arrendatarios, comerciantes, prestamistas, abogados, médicos, funcionarios municipales, que conocían a la gente del lugar, sobre las que tenían un gran ascendiente, fundamentado en su superioridad social, cultural y económica. Se convirtieron en los intermediarios entre la comunidad local y el Estado.

Las relaciones de subordinación hacia el cacique venían claramente establecidas desde la cuna y se aceptaban con una naturalidad no exenta de fatalismo. La voluntad de aquel era la única ley: ponerse bajo su manto y procurar no indisponerse con él resultaba así para el campesino español una mera cuestión de supervivencia.

El pacto para obtener unos determinados resultados electorales comenzaba en la mismísima presidencia del Gobierno, donde se designaban unas casillas, correspondientes a cada distrito, en las que colocaban los nombres de los candidatos locales que debían ser elegidos. A esta operación se le denominaba «encasillado». Una vez diseñados los resultados electorales que se debían obtener, se comunicaban a los caciques locales, para que consiguieran, lo más aproximadamente posible, los resultados previstos en el encasillado. Por si fuera poco, este proceso se encuadraba en un sistema electoral que privilegiaba la representación del ámbito rural, por ser el más manipulable, y en un centralismo autoritario que interpretaba y aplicaba la ley con cierta discrecionalidad.

Los caciques más representativos

Estos serían los caciques más representativos y relevantes de aquella España. Francisco Romero Robledo, por Málaga y apodado el pollo de Antequera, siempre estuvo a la sombra de su paisano Cánovas; el caciquismo gallego tiene en la figura de Eugenio Montero Ríos uno de sus representantes más destacados a lo largo del siglo. Llegó a ocupar varios cargos ministeriales, pero su nombre quedaría sobre todo vinculado al aciago Tratado de París de 1898, donde, como jefe de la delegación española, tuvo que firmar la humillante rendición ante EE. UU.; Alejandro Pidal y Mon conocido como el zar de Asturias; José Sánchez Guerra llegó a ser presidente del Congreso. Ministro e incluso presidente del Gobierno en 1922, su centro de poder era Córdoba y más concretamente la localidad de Cabra; Germán Gamazo controlaba Valladolid defendiendo los intereses proteccionistas de los cerealistas castellanos; Fernando León y Castillo con inmenso poder en Gran Canaria fue de los pocos dirigentes con amplio interés en la política exterior; Juan de la Cierva y Peñafiel consiguió que en Murcia la política se conociera como «ciervismo»; y posiblemente el más conocido de todos fue Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, cacique todopoderoso de su feudo alcarreño de Guadalajara.

El caciquismo, en definitiva, representó la trastienda de la civilizada alternancia en el poder que encarnaron Cánovas y Sagasta.

Hubo un momento en nuestra historia en el que se invertía la lógica democrática actual. De las urnas no salía el partido vencedor y a la postre siguiente gobernante, sino que este nacía en los pactos políticos que se realizaban en Madrid, de forma que las urnas se organizaban para que ganase de forma amplia. El mundo al revés.

Sistema político del siglo xix

Todo esto se comprende si comprendemos, a su vez, la política del siglo xix. Los cambios de gobierno, cuando implicaba cambio de partido, no se llevaban a cabo mediante unas elecciones sino por la decisión de la corona, a veces, más de las deseadas, forzada violentamente. Los grupos políticos, unas veces con la presión de las armas, otras con la algarada callejera en las ciudades, actuaban sobre la corona logrando muchas veces el encargo de formar gobierno, lo que conllevaba la posibilidad de manipular la elección. Las elecciones, cuando las había, se limitaban a sancionar fraudulentamente lo que de modo previo habían decidido los detentadores del poder.

Recordemos que el sistema político español del siglo xix estuvo marcado por el intervencionismo militar, los pronunciamientos estuvieron al orden del día y los espadones gozaron de relevante protagonismo, especialmente en el reinado de Isabel II. En el periodo de su reinado, de 1833 a 1868, hubo 22 elecciones generales.

Itinerario constitucional

Otra de las características del siglo fue la proliferación de constituciones, así tuvimos la de 1812 La Pepa; en 1837 la del Trienio Moderado; la de 1845 en la denominada Década Moderada cuando se iniciaba el régimen de los generales; la de 1869 tras la revolución de la Gloriosa; y en 1876 con la Restauración. Cada una catalogada como conservadora o progresista en función de los partidos que estuvieran en el poder en cada momento. Sin olvidar la «non nata» de 1856 y la republicana de 1873 que no vio la luz.

Este itinerario constitucional va marcando una ligera evolución hacia una representación más auténtica y una mayor participación popular. El principio de sufragio universal fue abriéndose paso y se fue imponiendo como objetivo inevitable, desplazando al sufragio censitario. Un sufragio universal vigente en el Sexenio y que volvería de la mano de Sagasta en 1890. Eso sí, sin acceso al voto para las mujeres y estableciendo la edad del voto a los 25 años.

La gloriosa

Fue posiblemente una revolución como la comentada de 1868, la Gloriosa, la que abrió un periodo de, llamémosle, experimentos frutados, como la llegada de una dinastía extranjera para la corona o el paso de una república, que sirvieron para poner los cimientos de un orden constitucional basado en el pacto, la moderación, el cambio pacífico de gobierno, con el turnismo, y, con el tiempo, las reformas democratizantes. Llegamos a la Restauración.

Sistema político de la restauración

Para que el sistema político de la Restauración funcionara correctamente, era necesaria la existencia de, al menos, dos formaciones políticas fuertes capaces de alternarse en el poder, de pactar los rumbos políticos más convenientes y de acoger las fuerzas sociales que apoyaran al régimen. Estas dos formaciones fueron las lideradas por el conservador Antonio Cánovas del Castillo y por el liberal Mateo Práxedes Sagasta. Se buscaba la estabilidad social, política y económica, era un sistema imperfecto, pero mejor que los pronunciamientos y guerras civiles que jalonaron gran parte del siglo xix. Pero necesitaron de alguna ayuda «extra» como veremos. Porque entre el pueblo no había sensibilidad democrática y poco o ningún interés en votar, entre otras cosas por falta de información precisa. El ratio de abstención no bajaba del 60 % en el mejor de los casos. Hablamos de una España rural donde la última de las preocupaciones era la política. Cuestión muy diferente a las grandes capitales, donde si había una relativa vida política, especialmente en Madrid.

Los resultados de las urnas no respondían a la libre voluntad de los electores. Era el propio gobierno, previo acuerdo con los responsables de las otras formaciones políticas, y en concordancia con unos notables rurales, locales o provinciales, quien diseñaba los resultados que se conseguirían en las elecciones, según se consideraba lo más conveniente para la gobernabilidad del país. De esta forma los resultados se manipulaban, adecuaban y adulteraban para tal fin. Se popularizó el conocido «pucherazo» en el recuento de votos. El término viene del recipiente en el que se ocultaban las papeletas. O la nueva «técnica» de encontrarnos fallecidos que resucitaban puntualmente para votar y, claro, lo hacían en favor del candidato establecido.

El cacique

Pero en realidad, la ayuda «extra» que anunciábamos en párrafos anteriores era la del cacique, figura fundamental para el funcionamiento del sistema político de la Restauración, quien controlaba el comportamiento electoral de su circunscripción y, gracias al cual, se podía asegurar los votos necesarios para alcanzar los resultados electorales pactados por los partidos. Era la bisagra entre una población rural desmovilizada y analfabeta y una estructura administrativa lejana y opaca. No dejaba de representar el poder. Era la palanca que movía voluntades y votos al servicio de una determinada causa, élite local, comarcal o provincial, terratenientes, grandes arrendatarios, comerciantes, prestamistas, abogados, médicos, funcionarios municipales, que conocían a la gente del lugar, sobre las que tenían un gran ascendiente, fundamentado en su superioridad social, cultural y económica. Se convirtieron en los intermediarios entre la comunidad local y el Estado.

Las relaciones de subordinación hacia el cacique venían claramente establecidas desde la cuna y se aceptaban con una naturalidad no exenta de fatalismo. La voluntad de aquel era la única ley: ponerse bajo su manto y procurar no indisponerse con él resultaba así para el campesino español una mera cuestión de supervivencia.

El pacto para obtener unos determinados resultados electorales comenzaba en la mismísima presidencia del Gobierno, donde se designaban unas casillas, correspondientes a cada distrito, en las que colocaban los nombres de los candidatos locales que debían ser elegidos. A esta operación se le denominaba «encasillado». Una vez diseñados los resultados electorales que se debían obtener, se comunicaban a los caciques locales, para que consiguieran, lo más aproximadamente posible, los resultados previstos en el encasillado. Por si fuera poco, este proceso se encuadraba en un sistema electoral que privilegiaba la representación del ámbito rural, por ser el más manipulable, y en un centralismo autoritario que interpretaba y aplicaba la ley con cierta discrecionalidad.

Los caciques más representativos

Estos serían los caciques más representativos y relevantes de aquella España. Francisco Romero Robledo, por Málaga y apodado el pollo de Antequera, siempre estuvo a la sombra de su paisano Cánovas; el caciquismo gallego tiene en la figura de Eugenio Montero Ríos uno de sus representantes más destacados a lo largo del siglo. Llegó a ocupar varios cargos ministeriales, pero su nombre quedaría sobre todo vinculado al aciago Tratado de París de 1898, donde, como jefe de la delegación española, tuvo que firmar la humillante rendición ante EE. UU.; Alejandro Pidal y Mon conocido como el zar de Asturias; José Sánchez Guerra llegó a ser presidente del Congreso. Ministro e incluso presidente del Gobierno en 1922, su centro de poder era Córdoba y más concretamente la localidad de Cabra; Germán Gamazo controlaba Valladolid defendiendo los intereses proteccionistas de los cerealistas castellanos; Fernando León y Castillo con inmenso poder en Gran Canaria fue de los pocos dirigentes con amplio interés en la política exterior; Juan de la Cierva y Peñafiel consiguió que en Murcia la política se conociera como «ciervismo»; y posiblemente el más conocido de todos fue Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, cacique todopoderoso de su feudo alcarreño de Guadalajara.

El caciquismo, en definitiva, representó la trastienda de la civilizada alternancia en el poder que encarnaron Cánovas y Sagasta.

Bibliografía

-Elizalde pérez-grueso, M.ª. D. (2011). La Restauración, 1875-1902. En Historia contemporánea de España 1808-1923. Madrid: Akal.

-Núñez florencio, R. Caciques electorales. Del puchero a la urna. La Aventura de la Historia, 157.

-Moreno luzón, J. Caciquismo y política de clientelas en la España de la Restauración. Universidad Complutense de Madrid.

-Tusell gómez, J. (1978). El sistema caciquil andaluz comparado con otras regiones españolas (1903-1923). REIS (Revista Española de Investigaciones Sociológicas), 2.

-Yanini montes, A. (1991). La manipulación electoral en España: sufragio universal y participación ciudadana (1891-1923). Ayer (Asociación de Historia Contemporánea), 3.

Elizalde pérez-grueso, M.ª. D. (2011). La Restauración, 1875-1902. En Historia contemporánea de España 1808-1923. Madrid: Akal.

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Moreno luzón, J. Caciquismo y política de clientelas en la España de la Restauración. Universidad Complutense de Madrid.

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Yanini montes, A. (1991). La manipulación electoral en España: sufragio universal y participación ciudadana (1891-1923). Ayer (Asociación de Historia Contemporánea), 3.

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