Reseña de «Dominar», de Pierre Dardot y Christian Laval

La soberanía constituye un concepto clave de la tradición política occidental. La literatura politológica ha derramado ríos de tinta sobre ella. Al mismo tiempo, la soberanía ha perturbado el sueño de largas generaciones de juristas y teóricos políticos: de Bodin a Hobbes, de Locke a Rousseau, de Sieyes a Carré de Malberg, de Max Weber a Carl Schmitt y Hans Kelsen. Por si fuera poco, en la actualidad se habla de un renacimiento de la soberanía (generalmente en forma de populismos). Sin embargo, ¿qué es la soberanía? ¿Cuáles son sus elementos distintivos? ¿En qué momento surgió y cómo fue su evolución? ¿Sirve para hacer frente a los problemas urgentes del presente como el cambio climático, las migraciones, las pandemias, las desigualdades y la pobreza? Pierre Dardot y Christian Laval[1] intentan responder estos espinosos interrogantes en Dominar.

Antes de ingresar en los argumentos del libro, es necesario comenzar por el concepto, es decir, qué entienden los autores por soberanía. En opinión de Dardot y Laval, soberanía es sinónimo de dominación; más precisamente, es el poder de dominar sobre un territorio y sociedad determinados: «La soberanía del Estado es, por tanto, dominación, esto es, ejercicio de la autoridad suprema sobre un territorio apropiado por una persona pública, de su dominio exclusivo» (p. 36). En efecto, soberanía es la potestad única y suprema para ejercer la dominación en un territorio. No hay ningún poder superior a la soberanía y ella es superior a todos los otros poderes (económicos, morales, religiosos, simbólicos). La dominación soberana está basada en dos componentes fundamentales: la impersonalidad y la permanencia. La especificidad de la soberanía para Dardot y Laval está dada porque es una dominación independiente de tal o cual persona individual –rey o príncipe, pueblo o nación– y, simultáneamente, porque se ejerce de manera continua, sin interrupciones.

Definido el concepto, Dardot y Laval proceden a delimitar espacio-temporalmente a la soberanía. Este punto es esencial, pues a la cuestión histórica le atribuyen un estatuto decisivo. En realidad, el libro entero puede leerse como una historia de la soberanía. El método utilizado es el de la genealogía (en línea con las investigaciones de Michel Foucault): reconstruir los acontecimientos mostrando cómo surgieron de un entramado de relaciones de poder, intereses, saberes, discursos y creencias en un momento histórico determinado. La soberanía no existió en todo tiempo y lugar, sino que es preciso situarla y localizarla históricamente. Como pensaba Carl Schmitt, la soberanía es un concepto concreto vinculado a una época histórica específica. Dardot y Laval circunscriben la investigación de la soberanía al Estado surgido en la modernidad europea, esto es, en los siglos xvi y comienzos del xvii. Este tipo de Estado es el que «reivindica abiertamente para él la soberanía como su atributo distintivo –particularmente frente a la Iglesia y el soberano pontífice– y se comporta en consecuencia» (pp. 51-52). Lo que quiere decir que la soberanía surge tardíamente en la historia de la humanidad y, por lo tanto, es un error identificar la soberanía en todo tipo de sociedades (esto no quiere decir que no hayan existido formas diversas de ejercer el poder político, pero no soberanas en el sentido expuesto). Los autores no dudan en afirmar que «la cuestión de la soberanía del Estado no se planteó ni en Grecia ni en Roma» (p. 150).

Pero, ¿qué forma política estuvo en los orígenes de la soberanía moderna? La hipótesis de Laval y Dardot es la de que esta forma fue la instituida por la Iglesia católica. En los siglos xi y xii, la Iglesia, bajo el mando del papa Gregorio VII, consumó una «revolución total» (p. 101) que tuvo consecuencias cruciales para el futuro de la soberanía: Gregorio VII se autoatribuyó todo el poder sobre los asuntos religiosos y seculares y declaró la soberanía política, jurídica y religiosa sobre la Iglesia y sobre los reinos de entonces. La novedad de este proceso –conocido como la querella de las investiduras, por la lucha entre el poder espiritual y el poder temporal– fue el gesto de Gregorio VII, es decir, el dictado unilateral de la independencia de la Iglesia del gobierno civil y la superioridad sobre los emperadores. A partir de este momento, el papa estaba por encima de ellos, gobernaba sobre todos los fieles cristianos y su misión pasaba a ser universal. Estaba destinado a «unir al mundo entero bajo su dirección» (p. 114). Entre las plenas potestades que ejercía el papa, estaban la de hacer nuevas leyes y modificar las existentes; recaudar impuestos; juzgar y castigar delitos; designar y remover a los obispos, sacerdotes y clérigos; dictar medidas administrativas; administrar bienes y, sobre todo, podía deponer a los emperadores.

En los siglos xv y xvi, reyes y monarcas europeos procedieron a representarse a sí mismos como soberanos –tal como hizo Gregorio VII– para disputarle el poder al papado y a la Iglesia. Discutiendo la extendida tesis de que la modernidad occidental implicó la secularización del poder político, Dardot y Laval subrayan que en los orígenes de la soberanía existió un proceso de «sacralización del Estado» (p. 278): este, en busca de su exaltación y glorificación, se convirtió en una entidad casi sagrada. La prueba más evidente de esto radica en la sacralización de los reyes y en la justificación del poder de las monarquías, que gobernaban por obra y gracia de Dios. De hecho, en los siglos xv y xvi se hablaba de «cuerpo místico del Estado» (p. 285) y que «el rey nunca muere» (p. 292), lo que explica el carácter de permanencia de la soberanía apuntado más arriba. El soberano era el señor supremo en su territorio y, según la clásica definición de Bodin, soberanía significaba «el poder absoluto y perpetuo de una república». Además del carácter supremo de la soberanía, también se definía por su unidad e indivisibilidad. La soberanía era lo contrario de la división y fragmentación. Precisamente, nació para desterrar estas situaciones, ya que eran fuente de discordia y peligros. En una época marcada por las guerras religiosas entre católicos y protestantes, la soberanía se erigió como la garantía de la unidad, el orden y la paz social.

En paralelo, en la modernidad uno de los discursos estrechamente asociados a la noción de la soberanía fue el de «razón de Estado». Este concepto remite directamente al interés supremo del Estado: «la soberanía como principio del Estado se ejerce a través de prácticas gubernamentales para una búsqueda ilimitada de poder, justificada por el esplendor del Estado y la felicidad pública» (p. 332). La conservación y el acrecentamiento del poder del Estado se convirtieron en la máxima esencial a través de la cual se cristalizó la soberanía. Todos los esfuerzos políticos debían estar orientados a asegurar el interés superior del Estado. Y la guerra, el comercio, la industria y la ciencia eran medios para agrandar el poder estatal. Así, la soberanía alcanzó una «dimensión estratégica» (pp. 346-349) decisiva para las naciones europeas.

Luego, con autores como Hobbes, Locke y Rousseau el concepto de soberanía adquirió un estatuto central. Como es sabido, en Hobbes la soberanía nace de un contrato, esto es, de un acuerdo entre individuos que pretenden salir del estado de naturaleza, pues en este estado no hay ni puede haber soberanía. El estado de naturaleza es un estado en el cual reina el caos y la guerra de todos contra todos. Para Hobbes, los individuos realizan «una transferencia de derechos a un único beneficiario, es decir, a la persona que se constituye así como soberano» (p. 420). De este contrato nace la obediencia irrestricta de los sujetos al soberano. Asimismo, para Hobbes el soberano ejerce derechos ilimitados sobre la vida de los súbditos: es «señor de todos los súbditos (Lord of all his subjects)». A cambio, el soberano provee protección, orden y asegura la paz común.

Para Locke la soberanía también tiene su origen en un contrato suscripto por los integrantes de una comunidad política. Al órgano propiamente soberano Locke lo identifica en el poder legislativo. Todos los demás poderes constituidos deben subordinarse a él. Los individuos le otorgan al poder legislativo una especie de confianza (trust) para que ejerza la soberanía. Por su parte, Rousseau introdujo una innovación singular en la cuestión de la soberanía. El pueblo era el único soberano y la soberanía no podía distinguirse de él. Rousseau sostenía que «el pueblo es soberano en tanto que pueblo y que no puede haber otro soberano más que él. Puesto que la soberanía consiste esencialmente en la facultad de hacer leyes, el pueblo se convierte así en el poder legislativo en sí mismo, de forma directa e inmediata, sin tener que estar constituido por un representante» (p. 453). Y, al mismo tiempo, en el pensamiento de Rousseau no existen los súbditos –como sí en Hobbes–, sino que los ciudadanos son los que ejercen directamente la soberanía cuando fijan la voluntad general por medio de las leyes. En este sentido, la voluntad general es indelegable y absoluta, lo puede todo, no está sujeta a ninguna limitación. Es, pues, sinónimo de soberanía.

A fines del siglo xviii una novedad radical para la soberanía la representó el proceso revolucionario francés. Dardot y Laval resaltan que la Revolución francesa produjo una auténtica intensificación del principio de la soberanía y, en especial, de centralización del poder soberano en el vértice del Estado.[2] Como lo dispusieron las Constituciones de 1789, 1791 y 1793, el nuevo y único sujeto legítimo de la soberanía era la nación. Desplazado el rey como fuente de la soberanía, la nación ocupó su papel. Uno de los principales artífices del traspaso de la soberanía del rey a la nación fue el abate Sieyes, padre intelectual de la Revolución. Según Dardot y Laval, «Sieyes condensa este esfuerzo, tanto teórico como político, de llevar a cabo simbólica e institucionalmente la transferencia del rey a la nación» (p. 479). Para Sieyes, la nación era capaz de ejercer el poder soberano –o, lo que es lo mismo, el poder constituyente– y fundar el Estado, dotarse de una constitución, establecer el derecho positivo e instituir los poderes constituidos. Pero, ¿cómo se ejercía la soberanía? ¿Directa o indirectamente? Sieyes fue un fiel partidario de la representación política. Creía en las virtudes de las instituciones representativas porque, en su visión, constituían la forma de gobierno apropiada para las condiciones complejas de las sociedades modernas, en las que los individuos se ocupaban ante todo de comerciar, dejando en mano de los representantes políticos la tarea de administrar la cosa pública.

Con el surgimiento de corrientes socialistas, democráticas y comunistas en la Europa del siglo xix la soberanía no estuvo exenta de cambios y vaivenes. Destacados autores comenzaron a pensar la soberanía desde la noción de pueblo. Este es especialmente el caso de Marx. Criticando a Hegel, quien sostenía que la soberanía existía solo en el Estado, Marx abogó fuertemente por la idea de soberanía popular. Según Dardot y Laval, «el esfuerzo de Marx consiste en devolver el Estado y su constitución al pueblo o demos total como único sujeto real […] Ni el Estado ni el monarca pueden ser los sujetos de la soberanía. El pueblo es el único sujeto real de la soberanía» (p. 585). El pueblo era el único legislador y se daba su propia constitución; la soberanía popular era la capacidad de autodeterminarse políticamente: a través de la revolución comunista, para Marx la soberanía implicaba el gobierno de la clase obrera o, en otras palabras, el gobierno del pueblo por el pueblo.

Pese a las tendencias socialistas, comunistas y democráticas, el principio de la soberanía se impuso definitivamente en la primera mitad del siglo xx. No resulta exagerado afirmar que en este período la soberanía –con su epicentro en el Estado– alcanzó su máxima explosión y concentración, hasta llegar al poder totalitario. Incluso en el ámbito de la izquierda, por ejemplo, la revolución rusa de 1917 fue absorbida por el dogma soberanista: el Partido centralizó todo el poder y el ejercicio de una soberanía democrática por parte del pueblo ruso resultó impracticable. Ni que hablar del fascismo y el nazismo, movimientos políticos que llevaron al extremo el ejercicio del poder soberano del Estado.

Pero, ¿en qué estado llega la soberanía a nuestros días? Y, considerando que Dardot y Laval han orientado sus investigaciones al neoliberalismo, ¿qué relación mantiene la soberanía con él y cuáles son sus consecuencias? Los autores no suscriben la difundida tesis de que el neoliberalismo implicó el fin de la soberanía estatal o la retirada del Estado. Si bien reconocen que socavó significativamente la soberanía estatal-nacional en tanto impuso sus directrices por todo el mundo como la libertad empresarial, la competitividad, la flexibilidad laboral y la financiarización, el interés del libro estriba en reflejar que la soberanía del «Estado no ha muerto» (p. 716), por lo que no es posible subestimar o ignorar su papel. Es que en la dinámica del capitalismo global el Estado desempeña un papel central para su expansión y consolidación. Generalmente, los Estados utilizan múltiples recursos soberanos para adecuar las sociedades a las condiciones económicas neoliberales. Por ejemplo, una misión primordial que tienen los Estados es crear un «buen clima de negocios» para que las empresas multinacionales puedan invertir en contextos favorables a la maximización de las ganancias. En palabras de Dardot y Laval, «el neoliberalismo necesita más que nunca de la soberanía del Estado, sea cual sea su forma, porque necesita un Estado fuerte capaz de crear las condiciones óptimas para la circulación del capital» (p. 729). En suma, lo que ha ocurrido en el neoliberalismo no es la superación o desaparición de la soberanía, sino la reconfiguración de su significado histórico.  

¿A qué conclusiones arriban Dardot y Laval? ¿Qué propuestas afirmativas plantean? En esencia, instan a cuestionar y desconfiar de la soberanía estatal y de la representación política. Para los autores el reto político de la actualidad no pasa por reforzar la soberanía del Estado –como pretenden hacerlo los populismos­, de Erdogan a Bolsonaro, de Vox al Frente Nacional francés–, sino «imaginar otros sistemas de obligaciones de los individuos entre sí que deshaga la disyuntiva entre verticalidad y horizontalidad rechazando la propia lógica de la representación política» (p. 733). El estrecho marco de la soberanía estatal resultaría imposible para hacer frente a los graves problemas del mundo. Dardot y Laval sostienen que las instituciones estatales irresponsabilizan a los ciudadanos, pues los representantes se liberan de toda responsabilidad para con los representados y la única soberanía que se mantiene es la de ellos. Así pues, proponen un tipo de forma de soberanía popular consistente en el ejercicio de «prácticas de gobierno que implican el rechazo decidido de toda representación política» (pp. 747-748). El desafío al que invitan es el de asumir la responsabilidad de los gobernados, quienes no solo son responsables ante ellos mismos, sino ante todas las personas que viven en una sociedad. De ahí que afirmen que existen obligaciones políticas comunes que giran alrededor de la «responsabilidad por las condiciones de habitabilidad de la Tierra para todos los seres vivos» (p. 748).

En conclusión, Dominar es un libro que contiene una sólida y documentada historia de la soberanía. Al mismo tiempo, proporciona herramientas analíticas sugerentes para comprender el ejercicio de la soberanía en la globalización actual, su relación con el neoliberalismo y los populismos. Finalmente, si bien podemos estar en desacuerdo con las propuestas de Dardot y Laval en dejar atrás a la soberanía, dejan abierto un interrogante fundamental para el futuro político de la humanidad: ¿es posible un más allá de la soberanía del Estado?


[1] Entre las obras más importantes escritas en conjunto por Dardot y Laval se destacan La nueva razón del mundo (Gedisa, Barcelona, 2013); Común (Gedisa, Barcelona, 2015); La pesadilla que no acaba nunca (Gedisa, Barcelona, 2017); La sombra de Octubre (Gedisa, Barcelona, 2017) y el reciente volumen Le choix de la guerre civile. Une autre histoire du neoliberalisme (Lux, 2021).

[2] Sin embargo, entrado el siglo xix, importantes teóricos socialistas franceses como Saint-Simon, Fourier y Proudhon criticaron fuertemente a la soberanía y a la tradición de la Revolución francesa, planteando una «ruptura con la creencia según la cual la sociedad solo depende del Estado, que sólo halla su unidad a través de la soberanía del rey o la nación» (p. 531). Con una impronta marcadamente antiestatal, los socialistas franceses creían que la propia autonomía, trabajo y organización de la sociedad permitía emancipar a los individuos para introducir la igualdad en las relaciones económicas y sociales.

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